Una delegación de organismos de
derechos humanos encabezada por Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora), los miembros de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel y Cristian
Blanco, Claudia Ferrero de APEL, Carlos
Platokowski del CEPRODH y Nicolás Tauber de Liberpueblo y CTA Nacional, viajaron
este miércoles 18 de junio a Río Gallegos a fin de entrevistarse y entregar un
escrito (amicus curiae) solicitando la absolución de los trabajadores de Las
Heras ante el Tribunal Superior de Río Gallegos.
Este amicus fue firmado además por Elia Espen, CADEP y decenas de
organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, políticos del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia, la CTA y Diputados Nacionales.
La delegación dio varias
entrevistas en radios, medios gráficos y televisivos, lo que dio visibilidad a
la visita, pudiendo exponer con claridad que los trabajadores de Las Heras
fueron injustamente condenados como responsables de la muerte del policía
Sayago en el marco de la pueblada de 2006 con el único fin de paralizar las
huelgas de los trabajadores petroleros que peleaban para que no se les cobre el
impuesto a las ganancias sobre sus salarios, causando pérdidas millonarias a
las empresas petroleras.
Injustamente condenados porque se
los condenó en base a testimonios arrancados mediante torturas ejercidas por la
Policía de Santa Cruz sobre quienes fueron finalmente condenados. Los
trabajadores condenados fueron llevados por policías de civil, en autos sin
identificación ni placas a una casa utilizada por la Brigada de Investigaciones
de la Policía de Santa Cruz. Allí (ni en la comisaría, ni en el juzgado), sin
la asistencia de un abogado defensor, fueron torturados por la policía hasta
que firmaron las declaraciones que éstos armaron para que confiesen un crimen
que no habían cometido e involucren a otros trabajadores igualmente inocentes.
Resulta importante señalar que quienes habían firmado esas declaraciones luego
de ser torturados, explicaron ante el Tribunal la situación vivida y dieron un
testimonio completamente distinto al que surgía de las actas policiales. El
Tribunal hizo caso omiso al testimonio de los testigos y sólo dio valor a las
“actas policiales”.
Luego de haber sido torturados y
firmado las declaraciones, fueron trasladados por la propia Policía hasta la
Alcaldía de Puerto Deseado, en cuyo trayecto siguieron siendo víctimas de tormentos
(por ejemplo en pleno viaje por la ruta estando esposados los golpeaban y abrían
las puertas de la camioneta, los ponían boca abajo y les sacaban sus cabezas
hacia afuera simulando que los irían a tirar).
Los trabajadores llegaron en
tales condiciones a la Alcaldía de Puerto Deseado que fue el Comisario a cargo
quien al recibir a los detenidos los hizo revisar por un médico legista e hizo
la denuncia por apremios ilegales.
Estas torturas fueron avaladas
por el Fiscal y el Tribunal Oral de Caleta Olivia que los condenó, llegando el
Fiscal a decir en una de las audiencia del juicio oral “que dos o tres
cachetadas no le cambian la declaración a nadie”.
En base a estas pruebas es que
cuatro trabajadores fueron condenados a cadena perpetua y a otros seis a cinco
años de prisión.
Estos hechos, motivaron que la
delegación solicitara una entrevista con el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Santa Cruz, quien debe resolver si confirma o revoca el fallo del
Tribunal Oral de Caleta Olivia. La delegación fue recibida por el Dr. Peretti,
Juez del Tribunal Superior, ante quien presentamos el Amicus Curiae, le
expusimos las razones que imponen absolver a todos los trabajadores condenados,
así como la persecución de la que es objeto una de las abogadas defensoras de
los trabajadores (Dra. Rosa Razuri) por parte de la Justicia de Santa Cruz.
Expusimos que la condena a los
trabajadores marca un antes y un después en la vigencia de los derechos humanos
en nuestro país ya que aquí se avaló la aplicación de torturas y la posterior
condena a cadena perpetua en base a testimonios obtenido bajo tormentos.
El Dr. Peretti afirmó que el
Tribunal era consciente de la trascendencia de esta causa y que la estudiaría
con la máxima responsabilidad antes de tomar una decisión, dejando claro que no
existirá una decisión rápida.
Luego de entrevistarnos y dejar
el amicus, la delegación fue puesta en conocimiento de la existencia de 5
presos políticos, todos trabajadores de ATE de la provincia desde hace 8 meses
acusados de haber incendiado un edificio público. Frente a esto la delegación
fue a visitar a estos trabajadores a la Alcaldía de Río Gallegos.
Allí la delegación escuchó su
testimonio y se comprometió a trabajar por su libertad y el cierre de la causa
judicial. De los 5 presos, 4 son hombres jóvenes que están detenidos en lugares
distintos, siendo esta la primera vez que se veían desde que fueron detenidos,
y una mujer que está con prisión domiciliaria por problemas de salud. De la
entrevista surgió claro sus detenciones fueron dispuestas para desarticular y
perseguir a los trabajadores estatales que estaban luchando por un aumento de
salarios, que finalmente fue mínimo, y disciplinar al resto de los trabajadores
estatales.
Así antes de emprender el regreso
a Buenos Aires, la delegación se hizo presente en la Casa de Gobierno de la
Provincia y exigió una entrevista con el Gobernador Peralta. Nos informaron que
el Gobernador no estaba presente y que dio instrucciones que nos reciba el
Ministro Secretario General de la Gobernación José Luís Garrido, quien atendió
a la delegación acompañada de los familiares de los detenidos. La delegación le
informó sobre las condiciones de detención de estos trabajadores (varios de
ellos sufrieron torturas a lo largo de su detención) y exigió la inmediata
libertad, ante lo cual no existió una respuesta positiva por parte del
funcionario.
Se impone ahora reforzar la
campaña en favor de la absolución de los compañeros de Las Heras, así como
emprender otra para visibilizar la situación de estos 5 trabajadores de ATE
presos en Río Gallegos para así lograr primero su libertad y luego el cierre de
la causa judicial.
