Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia
22 de mayo de 2013
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos la escalada represiva del gobierno hacia las organizaciones obreras y populares que luchan por sus legítimos derechos. Escalada que en el último período adquiere características más y más alarmantes.
La política de entrega y ajuste provoca la reacción de los más diversos sectores de nuestro pueblo, a la que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, de distinto signo político, responden con asesinatos, tortura, criminalización de la protesta, espionaje e infiltración.
Las luchas por tierra y vivienda, por trabajo, por salarios dignos, contra la tercerización, por los derechos de los pueblos originarios, contra la devastación de nuestros recursos naturales, contra la megaminería, en defensa de los derechos a la salud y la educación, contra esta política a favor de los arriba, encuentra cada vez más, una respuesta represiva.
A 2 meses del 24 de marzo, se han sumado numerosas situaciones represivas que hoy denunciamos:
En Formosa, una patota que responde al gobierno de Insfrán y sus socios, golpeó salvajemente a los jóvenes Carlos Sosa y Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom de La Primavera. Los ataques continuos y sistemáticos a los pueblos originarios, especialmente de Formosa y Chaco, pretenden frenar su justo reclamo por la tierra y el agua, con el objetivo de ampliar la frontera sojera.
En la misma semana en que se produjo este feroz ataque, fue encontrado muerto en un basural ilegal denunciado repetidas veces por los habitantes del lugar, un niño de 6 años, Carlos Galván, miembro de la comunidad QOM de Castelli. Denunciamos esta muerte como producto de la voracidad empresarial amparada por el gobierno de Capitanich. Hace poco días falleció, por no recibir atención médica, Delina Diaz que por años estuvo postrada en una cama, sin recibir atención médica, pues el hospital de la zona no se encargaba ni de sus estudios médicos, ni de proveerle la medicación necesaria.
Vemos día a día, cómo se multiplican los ataques a los pueblos originarios, muchos de ellos disfrazados de accidentes, que hasta hoy han dejado un saldo impactante de muertos y heridos. Exigimos la inmediata investigación de todos los crímenes y el castigo de los responsables políticos y materiales y revindicamos el derecho de nuestros hermanos originarios a sus tierras ancestrales.
En la ciudad de Buenos Aires, la policía metropolitana de Macri reprimió brutalmente a pacientes, médicos, enfermeras, periodistas, gremialistas y militantes populares para ocupar parte de los terrenos del Borda. La represión en un hospital psiquiátrico, que no reconoce antecedentes, provocó el inmediato repudio popular.
La brutalidad de Macri no puede hacernos olvidar el origen del conflicto: el pacto entre el macrismo y el kirchnerismo por el negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires.
En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una jueza contravencional. Este hecho se suma a la acción, por demás simbólica, de reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, la noche del 24 de marzo, la Sala Alberdi.
En Famatina, fue reprimida violentamente una manifestación popular contra los proyectos de megaminería del gobernador Beder Herrera, dejando un saldo de 16 heridos y 5 detenidos, que posteriormente fueron liberados
En La Plata el gobierno de Scioli detuvo por su actividad gremial a 5 delegados de la Junta Interna de ATE Educación. El procedimiento de detención fue una emboscada. Los detuvieron cuando concurrían a una reunión citada precisamente por las autoridades. Los compañeros fueron liberados gracias a una importante movilización popular y un paro provincial, pero continúan procesados por la figura de coacción agravada.
En el caso de uno de ellos, Marcelo Ardetti, hijo de un desaparecido, personal de civil lo detuvo en su trabajo, lo golpeó violentamente y lo condujo en un auto sin identificación a la Dirección de Investigaciones.
En Pacheco, en el conurbano bonaerense, la gendarmería nacional impidió por la fuerza una protesta de los trabajadores de la empresa multinacional autopartista LEAR que protestaban en Panamericana y Ruta 197 por despidos y reclamaban mejoras en las condiciones laborales.
En Santa Cruz fueron reprimidos los trabajadores estatales movilizados para exigir paritarias, con un saldo de 25 heridos. En la misma provincia van a juicio oral 6 trabajadores petroleros de Las Heras, que ya estuvieron presos durante 3 años, con posterioridad a una pueblada en la que murió un policía. Frente a la amenaza de graves condenas, exigimos su inmediata absolución.
En Chaco, la lucha de docentes y padres ha sido fuertemente reprimida. Primero en un corte de ruta y luego , en la Cámara de Diputados , cuando se hacía una interpelación al ministro de educación de la provincia. A raíz de estos hechos se abrieron denuncias penales contra dirigentes sindicales y de movimientos sociales. En Castelli fueron reprimidos padres y docentes que luchan en defensa de la educación y fueron detenidos 2 dirigentes del Sindicato de trabajadores de la Educación del Chaco y dos padres, que gracias a la movilización popular fueron liberados 5 días después.
En Jujuy, cientos de jóvenes son perseguidos por la policía provincial de Eduardo Felner. Ha habido casos de jóvenes baleados, torturados y hasta asesinados. La situación es muy grave tanto por el grado de impunidad con el que actúan las fuerzas de seguridad como por la persecución que sufren los familiares y compañeros que denuncian esta situación. Las denuncias hechas ante el gobierno nacional son absolutamente ignoradas.
En Córdoba, los movimientos que han ocupado tierras fiscales en Cuesta Blanca y otros lugares de la provincia sufren diariamente la persecución y la represión del gobierno de De la Sota. En las últimas semanas fueron detenidos en distintas situaciones, sin orden judicial, 31 compañeros que recuperaron su libertad a los tres días. Tanto los ocupantes de las tierras como sus abogados son constantemente hostigados por las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial intenta acusar a los ocupantes de las tierras y a sus abogados de asociación ilícita. Las organizaciones del Encuentro hemos firmado un Amicus Curiae para presentar ante el tribunal de Córdoba en apoyo a los compañeros. Otra vez, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descartó cualquier posibilidad de intervención, escudándose en el argumento de la autonomía provincial.
También denunciamos y volvemos a exigir la libertad de los presos de Corral de Bustos, detenidos hace ya 2 años con posterioridad a una pueblada.
En la provincia de Neuquén , el asesino de Carlos Fuentealba, Poblete, se pasea libremente por las calles, mientras en las comisarias se tortura a los detenidos y se ha reprimido violentamente a los presos de la Unidad 11 con un saldo de 13 heridos.
En Empalme Granero, en Rosario, el gobierno de Bonfati, reprimió a familias Qom que se habían instalado en un predio abandonado. Se utilizaron balas de plomo y hubo, al menos, dos heridos de consideración
En los primeros días de mayo, denunciamos que durante diez años el gobierno mantuvo un espía de la Policía Federal infiltrado en un medio alternativo, la Agencia Rodolfo Walsh. Se trata de Américo Balbuena, jefe de la sección Reunión-División Análisis de la Federal, que cumplía funciones en la Policía desde la dictadura militar y que en la Agencia Walsh fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa de los movimientos sociales y políticos, teniendo acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista.
Realizamos esta denuncia al mismo tiempo que el gobierno nacional, entre bombos y platillos, culminaba y propagandizaba un Encuentro Contra la Violencia Institucional
Este descubrimiento de los compañeros de la Walsh y la denuncia hecha en 2011 sobre el Proyecto X de infiltración de Gendarmería son una clara muestra de que todas las fuerzas represivas y organismos de “seguridad” federales, provinciales y municipales tienen aceitados sistemas de espionaje ilegal, utilizados para perseguir y criminalizar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales.
¡Exigimos el desmantelamiento de aparato de espionaje interno y la apertura de las listas de personal de fuerzas de seguridad infiltrado!
La criminalización de la pobreza se ha transformado en moneda corriente. A los casos de gatillo fácil , más de 2.200 en toda la década kirchnerista, se suman las torturas y muertes en las cárceles. La famosa frase pronunciada, tanto por los grupos opositores de derecha como por funcionarios del gobierno nacional, que dice que “los presos entran por una puerta y salen por otra” queda completamente desmentida por la realidad: 22.000 presos poblaban las cárceles en el año 2002 y hoy son aproximadamente 65.000. Las cárceles y sitios de encierro en la Argentina son, salvo escasas excepciones, verdaderos depósitos de pobres donde la violencia resulta ser el principal organizador de la vida intramuros. Los presos y presas deben soportar, cada día, tratos y requisas humillantes, alimentación deficitaria y falta de medicamentos. Tras los muros y las rejas quienes se declaran empeñados en la defensa de los Derechos Humanos, se especializan en violarlos sistemáticamente, de lunes a lunes sin descanso.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y justicia hemos señalado, en todos estos años , que el poder judicial es un brazo al servicio de la política de criminalización de la protesta y la impunidad de los represores.
Hoy denunciamos también, que la llamada reforma judicial, aprobada por el mismo oficialismo que aprobó la Ley antiterrorista, constituye un ataque a los trabajadores y los derechos del pueblo.
Defendamos de manera incondicional las más amplias libertades democráticas de expresión, de prensa, de imprenta, de acceso a la información y de ejercicio de la actividad periodística en todo el territorio nacional. Denunciamos la concentración de medios, el acallamiento de voces críticas y la vulneración de los derechos de los trabajadores de prensa por parte del gobierno nacional. Asimismo, el DNU de Macri restringe la libertad de expresión y avasalla el derecho constitucional a huelga.
Todos los hechos de represión que hemos denunciado no se pueden concebir aisladamente, ni como voluntad exclusiva de los gobernadores. Son producto de una política que tiene en el gobierno central su más importante responsable. No sólo es promotor y cómplice, sino que despliega una propaganda que combina el ocultamiento con la hipocresía. Utiliza la historia de la resistencia antidictatorial para minimizar los crímenes y violaciones de los derechos humanos del presente.
Esto no exime de la más mínima responsabilidad a la mano dura y la represión con la que los gobernadores provinciales responden a la lucha de nuestro pueblo.
Exigimos:
¡Basta de asesinatos, represión y persecución a los luchadores populares!
¡Basta de criminalización de la protesta y la pobreza!
¡Basta de espionaje e infiltración al movimiento popular!
