Gran
victoria de los trabajadores de Kraft
La
huelga protagonizada por los 2700 trabajadores de Kraft en 2009 consiguió dar
vuelta los 168 despidos (incluída toda la comisión interna) parar el cierre de
uno de los turnos (que implicaba 700 despidos más) y mostró un camino a los
trabajadores para enfrentar la ola despidos que comenzaba a ejecutarse.La lucha de los trabajadores duró más de 2 meses, e incluyó 38 días de permanencia en huelga dentro de la fábrica.
El
costo que sufrieron los trabajadores de Kraft fue altísimo.
La represión para sacar a los trabajadores de la empresa fue feroz. Se utilizó la sede de la empresa como si fuera una cárcel y no se dejaba entrar a nadie allí. Intentaron por todos los medios impedir a los diputados que se acercaron pudieran ingresar (Horacio Alcuaz, Liliana Piani, entre otros).
La
patronal inició 17 causas penales contra los trabajadores, haciendo especial
hincapié en los María Teresa Rosario, Jorge Penayo y Ramón Bogado (quienes
encabezaron la lucha) y logro imponer 53 despidos.
Se
inició una infame campaña de desprestigio contra Ramón Bogado que incluyó
agresiones físicas contra él por parte de gente pagada para lastimarlo.
Los
miembros de la Comisión Interna fueron objeto de una precisa y durísima persecución dentro de la
fábrica que incluyó separarlos del resto de sus compañeros.
Luego
de 6 años de lucha los trabajadores que se jugaron enteros por sus compañeros y
encabezaron la lucha obrera más importante de los últimos 30 años lograron
ganar nuevamente las elecciones en la fábrica y cerrar todas las causas
iniciadas contra ellos.
Kraft
y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizaron a la Justicia
Federal y de la Provincia de Buenos Aires para perseguir y criminalizar a los
trabajadores de Kraft.
Durante
estos 6 años les impusieron embargos millonarios, los sometieron a un control policial
y judicial sin sentido. Ejemplo de esto es que para notificarlos de una
resolución que ya había sido notificada a sus abogados desplegaban un operativo
policial con varios móviles y decenas de efectivos en los domicilios familiares
de los trabajadores. Y si la Policía no los encontraba en su casa (porque
estaban trabajando) la justicia emitía órdenes de captura contra los
trabajadores para una simple notificación.
Como
consecuencia de las causas incorporaron a los trabajadores en las bases de
datos de las personas procesadas, lo cual generó que muchos sean despedidos de
sus nuevos trabajos, o que directamente no pudieran encontrar uno nuevo (cuando
les pedían un certificado de reincidencia saltaban las causas que tenían).
Las
17 causas penales originales fueron unificadas en 3 causas.
En
ninguna de las 3 causas existían pruebas que permitieran mantenerlas abiertas.
De
la causa por los cortes de Panamericana surgió que la Gendarmería Nacional
hacía inteligencia ilegal sobre los trabajadores, destapando el “Proyecto X”.
Todas las pruebas de la causa (que igual no probaban nada) eran producto de
tareas de inteligencia ilegal. Tareas de inteligencia que se remontaban a años
anteriores. Allí surgieron informes de inteligencia que daban cuenta de
reuniones del año 2007 en un local de la 1° de Mayo. También surgió que se
estaba investigando al dirigente de la CCC Luis Cubilla a quien los servicios y
las fuerzas de seguridad se la tenían jurada.
En
la causa por coacción no existía una sola prueba. La propia acusación no podía
siquiera mencionar un hecho de coacción, limitándose a decir que los miembros
de la comisión interna recorrían la fábrica invitando a sus compañeros a
reunirse para decidir que hacer.
En
la causa por la usurpación, la única prueba que tenían era que habían sido
detenidos el día de la represión.
Las
tres causas tenían un común denominador: NO EXISTÍA UNA SOLA PRUEBA, NI UNA
SOLA RAZÓN JURÍDICA PARA QUE ESTÉN ABIERTAS.
Las
razones eran políticas. Necesitaban las causas abiertas para disciplinar a los
trabajadores.
En estos años se logró la reincoporación de algunos de los despedidos (por orden judicial) como el caso de Kike Villalba y otros siguen peleando por ser reincorporados como Pablo Vega.
Luego de 6 años de lucha y de trabajo, logramos la absolución de todos los trabajadores acusados y el cierre de todas las causas.
Luego de 6 años de lucha y de trabajo, logramos la absolución de todos los trabajadores acusados y el cierre de todas las causas.
Esto
prueba que con unidad, compromiso, amplitud, articulando la política y lo jurídico, se pueden ganar batallas y cerrar las causas que
arman contra los luchadores populares.
Lamentablemente la represión y criminalización de la protesta no es un tema del pasado.
El Gobierno de Macri con su "Protocolo Anti-Manifestaciones" quiere profundizar esta política represiva. La represión en Cresta Roja, a los murgueros en la Capital Federal, a los trabajadores de Santa Cruz, La Pampa y Río Negro (entre otras) nos muestra que decidieron imponer el ajuste a como dé lugar.
Lamentablemente la represión y criminalización de la protesta no es un tema del pasado.
El Gobierno de Macri con su "Protocolo Anti-Manifestaciones" quiere profundizar esta política represiva. La represión en Cresta Roja, a los murgueros en la Capital Federal, a los trabajadores de Santa Cruz, La Pampa y Río Negro (entre otras) nos muestra que decidieron imponer el ajuste a como dé lugar.
Para decir basta a la represión, la derogación del "Protocolo", el cierre de las más de 4000 causas judiciales contra luchadores populares, la apertura de los archivos de la dictadura y cárcel ya para todos los genocidas por todos los desaparecidos convocamos a marchar a 40 años del Golpe Genocida este 24/3
conjuntamente con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
