Justicia por los asesinatos en la
Parque Indoamericano
Exigimos tierra para vivienda, NO
para negocios
Pasaron
ya dos años de la represión que en diciembre de 2010 tuvo como saldo la muerte
de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez, tras el
violento desalojo a la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos
años en reclamo de vivienda digna.
El Parque
Indoamericano, con las más de 1500 familias que protagonizaron el acampe aquel
6 de diciembre de 2010, desnudó la crisis habitacional y la falta de vivienda
que afecta a los sectores más postergados de nuestro país, no solamente en la Ciudad
sino a nivel nacional. Frente al reclamo de un techo digno y un pedazo de tierra
para poder vivir, la respuesta inmediata implementada tanto por el Gobierno
Nacional como por el Gobierno de Mauricio Macri, a través de la actuación
conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana, fue rotunda: represión,
desalojo y muerte.
El Indoamericano
reveló, a su vez, la cara más nefasta del Gobierno macrista, que promoviendo los
valores xenófobos y el desprecio hacia los sectores populares que su proyecto
encarna, no hizo más que incentivar el constante hostigamiento a las familias
que se mantuvieron en la toma, legitimando el accionar de las patotas que al
mejor estilo de fuerzas de choque parapoliciales atacaron en más de una ocasión
a las familias que permanecieron en el Parque en reclamo de una respuesta a sus
demandas. Tal es el caso del barrabrava de Huracán, Julio Capella, a quien
imágenes televisivas mostraron disparando contra las familias en el Parque, y que
luego fue sobreseído por el Juez Eliseo Otero, a pesar de la existencia de estas
pruebas.
A dos
años del acampe en el Indoamericano, las promesas con las que tanto el Gobierno
Nacional como el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias del Parque luego
de varios días de resistencia, no fueron cumplidas. Tras una audiencia que tuvieron
los representantes de los vecinos con autoridades porteñas y nacionales, las
familias accedieron a desalojar el lugar con el compromiso de los dos Gobiernos
de poner “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática
de vivienda de las familias del Parque Indoamericano. Como una triste y nefasta
burla hacia el reclamo de aquellas familias y de los compañeros que allí
perdieron sus vidas, hasta el día de hoy ni la Nación ni la Ciudad han puesto
siquiera un centavo, y no se ha avanzado en ningún sentido para solucionar esta
problemática. Hoy el conflicto habitacional
sigue detonando la exigencia popular con cada vez más fuerza. Por eso exigimos
que se cumplan las promesas y los compromisos que los dos Gobiernos tomaron, así
como la implementación de un programa integral de vivienda y de políticas que
apunten a resolver el problema habitacional que afecta a gran parte de los
sectores trabajadores.
La única
medida concreta que se ha impulsado desde la Nación, inmediatamente luego del
feroz desalojo, fue la creación del flamante Ministerio de Seguridad. Nos
preguntamos, ¿por qué el Gobierno Nacional, luego de un hecho de estas dimensiones,
creó un Ministerio de Seguridad y no uno de Vivienda? Ministerio cuya política principal
después, de los acontecimientos ocurridos en el Parque Indoamericano, fue la
ejecución del programa Cinturón Sur y el Operativo Centinela, que al mejor
estilo de zona militarizada, implementó la presencia permanente de personal de Gendarmería
y Prefectura en los barrios de la región sur de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires. Desde las organizaciones sociales venimos denunciando hace mucho
que el problema de la inseguridad y la violencia no podrán tener fin si no se
desmantelan las redes de delincuencia que invaden nuestros barrios y cuyos
impulsores son tanto la corrupción policial como los aparatos políticos
clientelares, entre otros conflictos. Mucho menos podremos combatir la
inseguridad si no se solucionan concretamente la falta de seguridad cotidiana
que tienen los vecinos en materia de salud, educación o trabajo.
El
Ministerio de Seguridad cuenta su vez con la dirección de Sergio Berni, quien
durante los días en que se desarrollaron los hechos del Indoamericano tenía un
puesto dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y se encargó de negociar el
abandono del Parque por agua y comida para las familias, así como de asediar
constantemente a los que allí peleaban por su vivienda con la prepotencia que
lo caracteriza. Ese mismo personaje, es hoy la cara visible y alfil principal
de la represión institucional del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
como lo demostró en agosto pasado, en el desalojo de la autopista Panamericana
y el posterior aprisionamiento de cientos de manifestantes en el ex Centro
Clandestino de Detención Campo de Mayo.
Pero
la deuda más amarga que perdura desde los acontecimientos del Parque
Indoamericano es la impunidad y la falta de Justicia por los crímenes y los
asesinatos que allí cometieron las fuerzas represivas. A dos años de la causa,
no hay ningún avance concreto en la investigación sobre las responsabilidades
de la muerte de Álvarez, Salgueiro y Churapuña. El Juez Otero, quien llevaba la
causa de los 45 policías imputados por la represión, resolvió a principios de 2012
absolver a todos los oficiales por una supuesta “falta de evidencia”, a pesar
de los testimonios, los documentos audiovisuales y las pruebas otorgadas que
confirman la utilización de balas de plomo por parte del personal policial.
Gracias a la movilización y la lucha de los familiares y vecinos a la Audiencia
Judicial de abril de este año, se logró frenar este intento y volver a poner a
los 33 policías de la Federal y a 12 de la Metropolitana, de nuevo en el
banquillo de los acusados. A pesar de que el accionar de los abogados consiguió
la que la Cámara de Apelaciones apartara de la causa al Juez Otero por
parcialidad manifiesta, la causa no ha avanzado hacia la concreción de Justicia
por los caídos y los hechos ocurridos. Desde las organizaciones acompañaremos
hasta las últimas consecuencias a los familiares de los compañeros asesinados y
no descansaremos hasta que los responsables tanto materiales como políticos de
aquella masacre sean juzgados y condenados.
Por otra
parte y siguiendo con la línea de impunidad, mientras la causa que investiga
los crímenes ocurridos en el Parque permanece estancada, los fiscales porteños Claudia
Barcia y Luis Cevasco continúan impulsando una nefasta persecución jurídica a
los compañeros Diosnel Pérez Ojeda, referente de la Villa 20 del Frente Popular
Darío Santillán, y a Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y
Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más
impulso que el justo reclamo de una vivienda digna. Tanto Diosnel, en su
calidad de representante de la Junta Vecinal de la Villa 20 por ese entonces,
como el “Tano” Narduli, referente del barrio Soldati, se acercaron a la toma a
ofrecer su solidaridad y terminaron siendo, por decisión de las familias, los
interlocutores de aquellos reclamos. Fueron los mismos Gobiernos, tanto la
Nación como la Ciudad, quienes acudieron a ellos en la reunión que se llevó a
cabo en la Casa Rosada para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, los
fiscales porteños, con el claro propósito de criminalizar la protesta social y
perseguir a los referentes populares, persisten en una acusación que no tiene
más pruebas que la intencionalidad política de condenar a los que luchan. Por
todo esto, exiguimos el cierre de la causa a los compañeros y el fin de toda
persecución política a los que luchan.
Este segundo aniversario de aquella feroz
represión nos encuentra nuevamente en la calle, exigiendo justicia y reclamando
que se cumplan las promesas que tanto Macri como Critina no han cumplido. Pero
también nos encuentra en la calle exigiendo el fin de la entrega del patrimonio
público de la ciudad de Buenos Aires, el fin del negocio inmobiliario en
desmendro de la solución del problema habitacional de los trabajadores. Hoy
también nos movilizamos denunciando que en la actualidad el macrismo, con la
aprobación del kirchnerismo porteño, ha impulsado en la Legisltura una serie de
proyectos que entregan gran parte del patrimonio de la Ciudad al negocio inmobiliario
y a empresas privadas. Denunciamos el acuerdo Pro-K que impulsa el acuerdo
con la empresa IRSA, afectando a los
vecinos del barrio Rodrigo Bueno y entregando sus tierras al negocio y la usura
inmobiliaria, asi como alertamos sobre el acuerdo de la implentacion del Plan
Maestro para la Comuna 8, que facilita el remate del territorio en la zona sur
de la Ciudad, incluyendo precisamente una importante porción del Parque
Indoamericano.
Lejos
de una solución al problema de la vivienda, el macrismo en la Ciudad sigue priorizando
los negocios por sobre el remedio a los problemas de los habitantes de la
ciudad, y todo esto con el aval del kirchnerismo en la Legislatura. Exigimos la
anulación de estos proyectos, la implementación inmediata de los Proyectos de
Urbanizacion en las Villas que dichas iniciativas ignoran y el fin de la
entrega del patrimonio de la Ciudad a corporaciones como IRSA y a los negocios impulsados en la Ciudad a
través de la Corporación Sur.
Por
todo esto, seguiremos luchando y exigiendo justicia, asi como la generación de
políticas concretas para solucionar el problema de la vivienda. Políticas que
sabemos bien que no conseguiremos si no es por medio de la lucha. Es por todo
esto que hoy decimos:
¡¡JUSTICIA
POR LA MASACRE DEL PARQUE INDOAMERICANO!!
¡¡JUSTICIA
POR EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ, ROSEMARY CHURAPUÑA Y BERNARDO SALGUEIRO!!!!
¡¡BASTA
DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!! ¡¡DESPROCESAMIENTO YA DE DIOSNEL PÉREZ Y
LUCIANO NARDULI!!
¡¡BASTA
DEL NEGOCIO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD Y LA ENTREGA A LAS COORPORACIONES!!
¡¡NO
AL ACUERDO PRO-K EN LA LEGISLATURA!! ¡¡URBANIZACION INMEDIATA DE LAS VILLAS!!
¡¡IMPLEMENTACIÓN
YA DE UN PLAN DE VIVIENDAS PARA TODOS!!!
ROSEMARY
CHURAPUÑA, ¡¡PRESENTE!!!
EMILIO
CANAVIRI ÁLVAREZ, ¡¡PRESENTE!!
BERNARDO
SALGUEIRO, ¡¡PRESENTE!!!
AHORA
Y SIEMPRE!!!
