SOBRE LA REPRESION EN SOLDATI

A LA LUCHA POR VIVIENDA DIGNA CRISTINA Y MACRI RESPONDEN CON REPRESION Y MUERTE

La represión y los asesinatos.

El martes 7 de diciembre tomamos conocimiento a raíz de llamados de vecinos de Soldati, que se extendía una gran toma de tierras en los terrenos linderos al Parque Indoamericano (entre el Parque Indoamericano y la playa de estacionamiento de lo que era el Parque de la Ciudad).
Ante esto la Policía Federal y la Metropolitana desplegaron un enorme despliegue de fuerzas policiales. Exigían a los vecinos que se retiren del lugar fundando su exigencia en una supuesta decisión judicial que ordenaba el desalojo. La Policía Federal, quien se encontraba a cargo del operativo se negó a mostrar la orden judicial a los vecinos.
A pedido de los vecinos, concurrieron una compañera abogada y un estudiante de abogacía pertenecientes a XASP (Por Abogados al Servicio del Pueblo) a fin de exigir a la Policía la exhibición de la orden judicial.
Cuando estaban llegando al lugar, pese al conocimiento de la Policía de que a 100 metros estaban yendo los abogados para entrevistarse con ellos, el Jefe del Operativo ordenó comenzar a reprimir.
La represión fue sorpresiva, desproporcionada y salvaje. Sin que existiera ninguna agresión por parte de quienes se encontraban en el Indoamericano, la Infantería de la Policía Federal con personal de la Metropolitana avanzó disparando y pegando palazos con el apoyo del carro hidrante. Un helicóptero policial también sobrevolaba la zona.
Los más jóvenes resistieron la agresión policial como pudieron, contestando los balazos policiales con piedras.
Tal fue la violencia con la que se produjo el desalojo que el Parque Indoamericano quedó totalmente desocupado en alrededor de 20 minutos.
Durante estos 20 minutos la Policía Federal detuvo a 12 vecinos, algunos de los cuales fueron salvajemente golpeados, incluso cuando ya se encontraban reducidos por personal Policial.
No conformes con haber realizado el desalojo del Parque, la Policía Federal y la Metropolitana, persiguieron a los vecinos que corrían hacia la Villa 20 para escapar de la represión policial. De esta manera la Policía Federal y la Metropolitana, cruzaron la Avda. Escalada (tanto por arriba, es decir por la Avenida, como por abajo, es decir por las vías del tren) para continuar la represión en la Villa 20.
Debe quedar completamente claro que el Parque Indoamericano se encontraba ya sin ocupantes y que la Villa 20 no era objeto de desalojo, conforme surge de la orden policial que recién exhibieron pasadas las 21hs. en la comisaría 36ª PFA.
En el momento en que la Policía Federal cruza la Avenida Escalada, las cámaras de televisión filman en vivo, como cuatro policías de la Federal hacen caer a un chico que corría hacia la Villa 20 y una vez en el piso, cuando ya se encontraba reducido, esos policías lo patean y golpean con sus cachiporras.
Al llegar frente a la Villa 20, la Policía Federal y la Metropolitana comenzaron a disparar hacia dentro del barrio. Los Policías se encontraban apostados tanto debajo del puente de la Avda. Escalada donde están las vías del ferrocarril, y sobre el puente de la Avda. Escalada desde arriba de las vías del ferrocarril hasta el cementerio de autos (toda la Avda. Escalada a la altura de la Villa 20 se encuentra elevada unos 10 metros por sobre la villa para pasar sobre las vías del tren que se encuentran a nivel del piso).
Desde estos dos lugares es que la Policía disparaba con saña sus armas contra los vecinos que se encontraban dentro de la Villa 20.
En este momento es donde cae herido de bala en el abdomen Bernardo Salgueiro, quien se encontraba unos 100 o 150 metros de la Avda. Escalada dentro de la Villa 20, en un lugar descubierto donde se encuentra una canchita de fútbol y una de vóley. Los vecinos gritaban con indignación: “¡Pedimos al gobierno vivienda y nos responden con balas!”.
Aproximadamente en el mismo horario, es herida de bala en Rosemary Chura Puña, cerca del Barrio Los Piletones, a más de 700 metros de la Villa 20.

La investigación judicial.

La autopsia que se realizó sobre Bernardo Salgueiro informa que murió a las 19.30 horas.
La Policía Federal informa la muerte de Bernardo Salgueiro al Fiscal de turno, Dr. Abraldes, después de las 22 horas. O sea que la Policía tardó más de 2 horas y media en informar al Fiscal de Turno de la muerte de una persona, cuando dicha comunicación deba hacerse de inmediato.
Tal es el grado de sospecha sobre la Policía Federal que el Fiscal a cargo, la separó de la investigación en la misma noche del martes 7 de diciembre, poniendo en su lugar a la Gendarmería Nacional.
Desde el mismo miércoles 8 por la mañana comenzó a circular la versión de que las balas que asesinaron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña eran de calibre 22 mm, así como que los disparos provinieron de armas “tumberas” (armas de confección casera), y que la Policía había utilizado solamente balas de goma.
Esta versión ha sido totalmente destruida.
Los testigos que han declarado en la causa son coincidentes en que sobre las vías del tren se encontraban efectivos de la Metropolitana y de la Federal y que sobre la Avda. Escalada se encontraban efectivos de la Policía Federal.
También coinciden los testigos en que al momento que es herido Bernardo Salgueiro la Policía Federal se encontraba disparando sus armas, entre las cuales había escopetas itakas, hacia la villa 20.
Se encontraron numerosos cartuchos rojos de escopeta tanto en el Parque Indoamericano como en la Villa 20, iguales a los utilizados por la Policía Federal (el color rojo indica que el cartucho contiene munición de plomo, cuya utilización ha sido prohibida desde del 2001).
La pericia que realizó Gendarmería sobre las balas halladas en los cuerpos de Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro informaron que ambas balas son perdigones de plomo idénticos a los que llevan los cartuchos rojos encontrados en el lugar de los hechos. Según el informe de Gendarmería esos perdigones pertenecen a cartuchos de bala de 12 mm, disparados desde escopetas compatibles con las que utilizó la Policía Federal la noche de los crímenes (las itakas o escopetas de la Policía Federal disparan cartuchos de 12 mm de munición múltiple, esto quiere decir que un cartucho contiene 9 perdigones que son disparados en forma independiente).
La trayectoria de ingreso del perdigón que impactó en el cuerpo de Bernardo Salgueiro (de arriba hacia abajo) coincide plenamente con la posición de la Policía Federal (que se encontraba arriba del puente) y con la posición de Bernardo (que se encontraba debajo del puente a unos 100 o 150 metros).
Otros hechos que permiten descartar la versión del arma “tumbera” son: 1.) Los perdigones hallados en los cuerpos de Salgueiro y Chura Puña son idénticos; 2.) Nadie afirmó ver disparando a otros que no sean policías. Ni aún la propia policía presentó ninguna prueba o indicio que permita dar sustento a la versión de la “tumbera”.
No se debe olvidar que la Policía Federal informó el miércoles 8 de diciembre, a los medios que Bernardo Salgueiro había fallecido varias horas antes de los hechos, en otro lugar de la villa 20. Esta información ha sido desmentida por la autopsia que realizó personal del Cuerpo Médico Forense.
Todas estas pruebas, que se encuentran en el expediente judicial, destruyen la versión oficial de la Policía Federal y el Gobierno Nacional en cuanto a que se utilizaron balas de goma únicamente y que la Policía nada tiene que ver con los asesinatos ocurridos en la noche del viernes 7 de diciembre.
Por el contrario las pruebas recolectadas acreditan que la Policía Federal mintió cuando dio información sobre el horario y lugar de la muerte de Bernardo Salgueiro, que demoró más de 2 horas y media en poner en conocimiento de la Justicia las muertes, y que la Policía Federal mintió cuando afirmó que solamente utilizó balas de goma.

Las responsabilidades del Gobierno Nacional y de la Ciudad.-

La Policía Federal depende del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta la asunción de Nilda Garré como nueva Ministra de Seguridad de la Nación, la Policía Federal dependía del Ministro de Seguridad y Justicia, Julio Alak.
La Policía Federal no actúa sino es por orden del Ministro de Seguridad. En muchísimas oportunidades jueces de la Ciudad han solicitado a la Policía Federal actuar y el Gobierno Nacional se ha negado.
Hace unas tres semanas, tuvimos un ejemplo de ello. Ante el acampe que organizó la CTA en la Avda. Callao frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, un Juez de la Ciudad, ordenó a la Policía Federal la desocupación de la Avenida y el Ministro Alak no dio la orden a la Policía para actuar y la misma no actuó.
El 7 de diciembre la Policía Federal fue quien se encontraba a cargo del operativo de desalojo del Parque Indoamericano. En particular la tarea fue encomendada a la Comisaría N° 36. Fue dirigida por un Comisario Inspector de la Federal que coordinó las fuerzas de la Comisarías 36 y 52 con la Guardia de Infantería. La Policía Metropolitana actuó como apoyo de la Policía Federal en conjunto con esta última.
Resulta evidente que la Policía Federal recibió una orden de Julio Alak, para actuar.
Así lo denunció el propio D´Elia el 13 de diciembre cuando afirmó que el lunes 6 de existió una reunión en el Ministerio de Seguridad y Justicia en donde el Jefe de la Policía Federal Comisario General Vallecas, y Julio Alak decidieron que la Federal cumpla con la orden judicial de desalojar el Parque Indoamericano.
Lo que no dice D´Elia es qué papel jugó Cristina Fernández de Kirchner en esta decisión.
No parece creíble que la decisión de desalojar a cientos de familias en la Capital Federal utilizando a fuerzas federales, que dependen directamente de la Presidenta de la Nación, no fuera tomada por la propia Presidenta, teniendo en cuenta las consecuencias que dicha represión podía tener sobre el discurso progresista que sostiene el kircherismo. Tampoco puede escaparse a nadie que todas las decisiones del Gobierno Nacional pasan antes de ejecutarse por las manos de Cristina Fernández de Kirchner.
La pregunta es: si la decisión la tomó Alak sin consultar con la Presidenta, ¿Por qué la Presidenta no despidió a Alak?
Esto no quiere decir que Macri no tiene responsabilidad sobre los hechos ocurridos. Macri fue uno de los que solicitó a la Jueza Nazar el desalojo del Indoamericano. La otra denuncia por usurpación la realizó Sergio Schoklender apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Macri es corresponsable de los hechos: la Metropolitana tuvo su bautismo de fuego trabajando en conjunto con la Federal asesinando pobres. Esa es la verdadera naturaleza de la nueva Policía Metropolitana.
En la noche del 7 de diciembre en Villa Soldati los vecinos vieron como reprimían juntas la policía de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.
Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no se pueden poner de acuerdo en como resolver el problema de la vivienda, pero se pusieron de acuerdo en unas horas en reprimir en conjunto a los vecinos del Indoamericano. Presupuesto para represión hay; para vivienda digna, no.
Ante las dos muertes provocadas por la Policía Federal, el Gobierno Nacional, cambió su estrategia a fin de evitar pagar mayores costos políticos frente a su electorado progresista. Su respuesta fue también nefasta, retirar toda fuerza de seguridad, generando una zona liberada durante 48 horas durante las cuales operaron bandas formadas por barrabrabas y punteros de la zona que provocaron el asesinato Quispe Castañares, y numerosos heridos de bala, todos ocupantes del Indoamericano.
Ahora asistimos a la nueva estrategia del Gobierno Nacional, en la voz del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernàndez, quien en el programa 6,7,8 afirmó que “El comienzo de este conflicto no es otra cosa que la Policía Metropolitana metiéndose en determinado lugar, y cuando empieza a tener el conflicto la Policía Federal se mete adelante sin ninguna instrucción, sin ninguna dirección de esas características (…) Por eso fueron expulsados de la fuerza los responsables” (Diario Perfil, sitio web del 16/12/2010).
Miente Aníbal Fernández, la Policía Federal tuvo instrucciones precisas y directas por parte del Gobierno Nacional de desalojar el Parque Indoamericano a través de la represión.
La Policía Federal no actuó por su cuenta en el desalojo del Parque Indoamericano, sino que lo hizo por expresas instrucciones del Jefe de Policía, quien cumplió la orden que le impartieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Es un insulto a la inteligencia afirmar que el Gobierno Nacional, después de más de 7 años en el Poder, con el mismo Jefe de Policía nombrado por Néstor Kichner, no dio la orden para que la Policía actuará como lo hizo.
Demostración de que lo afirmado por el Jefe de Gabinete es mentira es su silencio, al igual que el de Alak y de la propia Presidenta durante las 24 horas posteriores a los hechos.
Si la Policía actuó por su cuenta ¿Por qué ningún miembro del Gobierno al ver las imágenes en vivo por televisión no ordenó detener la represión?
Rechazamos la maniobra de los Gobiernos de la Ciudad y de la Nación de pretender negar su responsabilidad en los hechos del Parque Indoamericano y exigimos:
Cárcel y castigo para los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Quispe Castañares.

Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo

MARCHA CONTRA LA CRIMINALIZACION 3-12-10

DOCUMENTO DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

3-12-2010. Plaza de Mayo.

INTRODUCCIÓN

Compañeras y compañeros

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estamos una vez más en Plaza de Mayo, en el año del bicentenario, para denunciar la criminalización de la protesta y para decir basta de asesinatos a los luchadores populares. Para denunciar que la represión al movimiento popular hoy está en un punto de inflexión: en el último mes tres luchadores populares han sido asesinados y otros se debaten entre la vida y la muerte.

Decimos presente a los pueblos originarios que están de pie en la lucha por la tierra y territorios que les pertenecen, y que han sufrido una feroz represión de la policía y gendarmería del gobernador K Insfrán en Formosa, que no respetó niños y ancianos, y culminó con el asesinato del hermano originario Qom y miembro de la Corriente Clasista y Combativa Roberto López y del hermano originario Pilaga del MOCAFOR Mario López.

Decimos presente a los trabajadores tercerizados que han logrado un gran triunfo con la incorporación a planta permanente en el Ferrocarril Roca y que han sufrido en carne propia la represión de las patotas de la burocracia sindical, que costó la vida del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en el que confluimos en una lucha común centenares de organizaciones, que ha sido motor en la lucha contra la impunidad, por la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto final, por castigo a todos los genocidas , por la aparición con vida de Julio López, viene denunciando en las calles la respuesta que da el gobierno nacional a la ola de luchas obreras y populares: criminalización de la protesta en sus más diversas expresiones, como el accionar de la policía y demás fuerzas de seguridad, patotas estatales y de la burocracia sindical, gatillo fácil, cárcel, procesamientos.

Estamos hoy aquí para denunciar la responsabilidad del gobierno nacional en esta escalada represiva. Para desenmascarar su doble discurso, con el que pretende presentarse como el primer defensor de los Derechos Humanos, para apropiarse de la lucha del pueblo argentino contra la impunidad durante más de 30 años, mientras intenta ocultar la esencia de su política: pago de la deuda externa, grandes negociados y entrega del patrimonio nacional, corrupción, extranjerización de la tierra, hambre, desocupación, aumento de la desigualdad social, impunidad y represión, violando de esta manera los más elementales derechos humanos.


Estamos también para ratificar nuestro derecho inalienable y compromiso en la lucha por trabajo, tierra, salario, vivienda, educación y salud, contra la destrucción ambiental y contra la entrega de nuestros recursos naturales, contra el pago de la ilegitima y usuraria deuda externa.

Estamos aquí para afirmar nuestro derecho a organizarnos libremente en pos de estos objetivos, para exigir el castigo a los responsables políticos y materiales de los crímenes contra el pueblo, la inmediata libertad de Roberto Martino y demás presos políticos, el cierre de la causas y anulación de las condenas a todos los procesados.

Estamos también en la Plaza para denunciar a un gobierno comprometido con la represión y criminalización de la juventud y de la pobreza que día a día se cobra nuevas víctimas.

Por todo esto estamos hoy aquí para decir ¡¡¡basta!!! De asesinatos, represión y criminalización a los luchadores ¡¡¡¡presente!!!!!a todos las luchas populares de la Argentina.


PRIMER BLOQUE

Con los asesinatos de Mariano Ferreira en Buenos Aires y Roberto López y Mario López en Formosa, retorna en forma brutal esta terrible metodología ya empleada por la policía y las patotas parapoliciales con el Cacique Diaguita Chocobar en Tucumán, con Diego Bonefoi ,Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche, con el docente Carlos Fuentealba y el militante del MST Lázaro Duarte en Neuquén, y los piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez en Jujuy. Son la expresión de un intento desesperado por frenar el avance de las luchas obreras y populares y el surgimiento de nuevas direcciones combativas.

Como en el repudio al asesinato de Kostecki y Santillán , desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia impulsamos la más amplia y unitaria movilización de nuestro pueblo, en primer lugar para lograr el Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales, pero fundamentalmente para extirpar de cuajo la metodología del asesinato político, de la cual este gobierno que se declara de los derechos humanos es responsable, ya que promueve y ampara a las patotas sindicales y para estatales o a los gobiernos que como el de Infran despliegan estos métodos.

Nos solidarizamos en nuestra jornada de lucha con los hermanos indígenas de la Comunidad Qom de Formosa, que luchan para impedir un nuevo despojo de sus tierras, en particular las que reciben el agua de Laguna Blanca, tierras ancestrales como la definen los originarios, y que se suma al despojo histórico realizado a lo largo de varios siglos. La brutal represión no distinguió entre niños, mujeres y ancianos, y quemó las precarias viviendas construidas con el propio esfuerzo. Fue esa represión la que asesinó al compañero Roberto López, miembro de la comunidad Qom y de la Corriente Clasista y Combativa. Y produjo gravísimas heridas a Samuel Garate, quien se encuentra internado con traumatismo de cráneo. Por añadidura 29 miembros de la Comunidad Qom de La Primavera fueron golpeados y maltratados durante la represión y durante su detención.
Denunciamos también el asesinato de Mario López, dirigente de Estanislao del Campo, delegado del MOCAFOR, de la Etnia Pilaga atropellado intencionalmente con un vehículo conducido por un policía cuando se dirigía a dar solidaridad a sus compañeros de La Primavera.

En el conflicto por las más de dos mil hectáreas expropiadas, están interesados directamente los terratenientes y el gobierno nacional y provincial. Estos enviaron tropas de gendarmería, policía y patotas para concretar la masacre de la comunidad.
Al día siguiente de la brutal represión la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un acto de inauguración de obras por teleconferencia con el gobernador Insfran, responsable de la represión , sin hacer mención de los hechos ocurridos, dándole de esta manera un claro respaldo político.
Este es el mismo gobernador K que hacía pocos días había propiciado un ataque fascista de la policía, que ingresó al Colegio Nacional para descargar una brutal represión contra los estudiantes secundarios. Ataque que dejó como saldo a varios padres y dirigentes docentes procesados bajo la carátula de privación ilegitima de la libertad.
Nos solidarizamos con los hermanos Qom y la Corriente Clasista y Combativa de Formosa. Exigimos Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de la comunidad Qom de Formosa. Juicio y castigo por el asesinato de Roberto López y de Mario López.

El 20 de octubre pasado, la emboscada criminal de una patota de la Unión Ferroviaria terminó con la vida de Mariano Ferreyra, joven de 23 años y militante del Partido Obrero.

También fueron heridos de bala Ariel Pinto y los miembros del Polo Obrero Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, que se encuentra internada aún en grave estado.

Las balas asesinas defendían el negociado infame de la tercerización, que une a los empresarios K, al gobierno, y a la burocracia sindical ferroviaria. Pretendían frenar la lucha de los compañeros tercerizados del Roca que hoy, producto de su movilización, han logrado la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente.

La patota sindical actuó dirigida por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, que había sido recientemente bendecida en el acto que en la cancha de River, la presidenta Cristina Kirchner realizó junto a Moyano y el grueso de la burocracia sindical argentina. Este inmenso aval político a los sostenedores de un viejo modelo sindical pro patronal y corrupto, es el que envalentonó a los asesinos y el que marca una enorme responsabilidad política del gobierno nacional sobre lo ocurrido.

Hay siete detenidos por el crimen, pero los responsables políticos aún no se encuentran imputados: José Pedraza, máximo dirigente de la UniónFerroviaria, y su segundo, el “gallego” Fernández; la policía, que colaboró con los atacantes y dejó liberada la zona en el momento de la emboscada; y la UGOFE, que licenció a casi un centenar de personas el día de los hechos para que pudieran accionar en las patotas.

El ataque criminal de la burocracia sindical y el asesinato de Mariano conmocionaron rápidamente a la clase obrera y a la juventud, que desde el primer momento protagonizaron paros de solidaridad, gigantescas movilizaciones en todo el país y en otros países, y miles de adhesiones nacionales e internacionales .

Exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales!!.

Compañero Roberto López ¡¡¡Presente!!!. Ahora y siempre.

Compañero Mario López ¡¡¡Presente!!!. Ahora y siempre.

Compañero Mariano Ferreyra, ¡¡¡Presente!!!. Ahora y siempre.



SEGUNDO BLOQUE

Decimos presente a los presos políticos y a los luchadores populares condenados.

Roberto Martino se encuentra detenido desde el mes de mayo de este año en el penal de Marcos Paz por denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino durante los bombardeos de enero de 2009, crímenes condenados en forma unánime por la comunidad internacional.
La DAIA y el juez Bonadío lo acusaron de delitos de suma gravedad, tales como, prepotencia ideológica y violación de la ley antidiscriminación, pretendiendo establecer la ilegalidad del Movimiento Teresa Rodríguez y del Frente de Acción Revolucionaria, organizaciones de las que es referente.
A pesar de que el 15 de julio la Cámara Federal hizo caer los cargos políticos, el compañero sigue preso por una causa fundada en un allanamiento ilegal y con cargos por los que cualquier otro ciudadano estaría en libertad.
El 10 de noviembre Martino inició una huelga de hambre por lo que lleva hoy 24 días en esta situación. Su salud se está deteriorando y su vida está en riesgo. Exigimos a la Cámara de Casación Penal que se expida en forma urgente otorgándole su inmediata libertad, y responsabilizamos al gobierno Nacional y al poder judicial por lo que pueda sucederle.
También se encuentran detenidos: Karina Germano López y Carlos Olivera. José Villalba está en arresto domiciliario y pesa orden de captura sobre Berta González.
En las últimas horas hemos recibido la noticia de la detención de Luis Guineo secretario General de ATE Las Heras acusado de coacción agravada por su participación en cortes de ruta junto a trabajadores municipales y desocupados de esa localidad de Santa Cruz.
EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE ROBERTO MARTINO, LUIS GUINEO Y DEMÁS PRESOS POLÍTICOS!!!

En el mes de junio, Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano fueron condenados por el Tribunal Oral Federal Nº 3 a más de 3 años de prisión por repudiar a Sobich, responsable del asesinato de Carlos Fuentealba durante la huelga docente de 2007 en Neuquén. De quedar firme la sentencia irían a prisión.

EXIGIMOS CÁRCEL AL ASESINO SOBICH Y LA INMEDIATA ANULACIÓN DE LAS CONDENAS DE LOS COMPAÑEROS!!!!

Desde principios de su gestión Macri descargó una represión brutal contra los pobres y humildes de la ciudad. Con el apoyo de la nefasta UCEP y con el código contravencional en la mano, desalojó violentamente a más de 15.000 personas. En ese contexto la jueza María Luisa Escrich condenó a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y a dos años de tutelaje por parte del Patronato de liberados a 9 inquilinos acusados de usurpación en un proceso viciado de irregularidades. La cámara de apelaciones de la ciudad deberá decidir sobre la nulidad o no de este escandaloso fallo.
Exigimos la inmediata anulación de estas condenas.


TERCER BLOQUE
Decimos presente a todos los compañeros procesados por luchar.

Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años; puebladas, movilizaciones; cortes de ruta, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, escraches a genocidas, acampes, piquetes.

Crece la lucha de los trabajadores por salarios, condiciones de trabajo y contra los despidos y crecen también las nuevas formas de organización democrática del movimiento obrero. En estas luchas el movimiento obrero va logrando conquistas.
También los trabajadores desocupados pelean por trabajo genuino y contra el hambre y los jubilados por el 82% móvil.
Los estudiantes secundarios y universitarios han ocupado las calles en forma multitudinaria, exigiendo presupuesto para la educación.
Los Asambleístas y ambientalistas de Gualeguaychú y Andalgalá, mantienen una lucha que ya lleva años contra la contaminación producida por las empresas imperialistas y sus socios locales. Los pueblos originarios están de pie por tierra y territorios.

En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del gobierno y de las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias sindicales propatronales.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional y los gobernadores, han adoptado como política la criminalización de las luchas y de estas nuevas expresiones de la organización obrera y popular a través de la represión, la utilización de las patotas sindicales, estatales y paraestatales, de los barra bravas, la cárcel y el procesamiento de sus protagonistas. A cada lucha que emprenden los trabajadores ocupados y desocupados, jubilados, estudiantes, pueblos originarios, ambientalistas, se responde con la apertura de causas penales.

Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el Ministro Aníbal Fernández se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.


Kraft- Terrabussi, subterráneos de Buenos Aires, ferroviarios del Sarmiento, tercerizados del Ferrocarril Roca, Casino de Buenos Aires, Hospital Francés, Hospital Garrahan, trabajadores de la Línea 60 , FATE, INDEC, UTGRA , y CTA Capital son sólo algunos ejemplos paradigmáticos de luchas a las que el gobierno respondió con represión abierta en algunos casos, patotas en otros y procesamientos en todos.

Los acusan de todo tipo de delitos, atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, y hasta homicidio como en el caso de Las Heras. Así se llega a miles de causas penales abiertas en todo el país contra nuestros compañeros.
Exigimos el cierre de las causas a todos los procesados por luchar


CUARTO BLOQUE

Decimos presente a los familiares y amigos de las víctimas de la criminalización de la pobreza y la juventud.

La criminalización de la protesta que implementa el gobierno tiene su correlato en los barrios obreros, donde la policía y las demás fuerzas represivas matan más de un pibe cada 2 días a partir de la práctica conocida como “gatillo fácil”. Casos emblemáticos, han marcado este 2010 con pueblos enteros movilizándose contra los responsables políticos y materiales de estos asesinatos, como en Baradero en marzo y la pueblada de junio en Bariloche. Esta situación se da en el marco de una profundización y un aumento de pibes que mata la policía bajo el gobierno de los Kirchner: sólo este año suman más de 250 casos. A los nombres de Luciano Arruga, desaparecido por la Policía Bonaerense de La Matanza hace casi 2 años y de Rubén Carballo, asesinado por la Policía Federal hace 1 año en el recital de Viejas Locas, se suman cientos de casos. Jony Bolig, Caíto Lopresto, Lucas Cardozo, Ruth del Valle, Federico Triviño, Diego Lucena, Aníbal Romero, Abraham Arce, Jonathan “Kiki” Lescano, Matías Penna, Fabián Gorosito y sigue la lista.
Denunciamos el escandaloso dictamen que liberó al policía que disparó a Carla Lacorte en un típico caso de gatillo fácil, fallo que llegó al extremo de considerar la solidaridad popular y la lucha contra la impunidad como una presión indebida sobre la justicia.
Denunciamos también que la policía y el gobierno persiguen a los familiares que salen a luchar. El domingo 21 de noviembre la familia de Jony Bolig fue atacada por una patota para policial a los tiros en su casa de Laferrere. Hacemos responsable al intendente kirchnerista Fernando Espinoza y al gobernador Scioli de la integridad física de la familia Bolig y de todos los que salen a luchar en La Matanza.

Exigimos justicia por los chicos que mata la policía! Basta de patotas!


QUINTO BLOQUE
Hoy decimos presente al compañero Julio López y denunciamos que el gobierno no ha tomado ninguna medida para esclarecer su desaparición y castigar a los responsables políticos y materiales. También denunciamos el asesinato este año en Santa Fe de Silvia Suppo, testigo contra los represores, en un hecho que permanece sin esclarecer a pesar de las serias contradicciones que aparecen en la causa.

Castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.


CIERRE
Compañeras y compañeros:
Esta movilización es parte de ese inmenso movimiento que recorre la Argentina y dice basta a la criminalización de la protesta, basta de asesinatos a luchadores populares, que le exige al gobierno basta de represión, basta de impunidad.
Lejos de intimidarnos, cada uno de los hechos represivos, de los asesinatos, han conmovido el corazón de nuestro pueblo y generan una ola de indignación y solidaridad que crece día a día.
Seguiremos en las calles y en las plazas, en las rutas, en los piquetes, en las fábricas, en las escuelas y universidades, en los acampes, en las miles de formas que encontramos día a día para hacer escuchar nuestra voz y nuestros reclamos.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia seguiremos honrando la memoria de todos y cada uno de los caídos en la lucha obrera y popular, luchando por construir una Argentina libre de la opresión, una Argentina con plena vigencia de todos los derechos populares, una Argentina sin represión, sin impunidad.
Treinta mil Compañeros detenidos desaparecidos ¡¡¡¡¡Presente!!!!!! Ahora y siempre.
Compañeros Roberto López, Mario López y Mariano Ferreyra ¡¡¡¡¡Presente!!!!!! Ahora y siempre.

EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA DEJA OTRA VEZ AL DESCUBIERTO LA VERDADERA CARA DE LOS KIRCHNER.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner están manchados de sangre de luchadores populares.
Son responsables políticos del brutal asesinato del compañero Mariano Ferreyra, de la desesperante situación de Elsa Rodríguez, (quien lucha por su vida después de ser alcanzada por un balazo en la cabeza) y de las lesiones sufridas por Nelson Aguirre y Ariel Pintos como consecuencia de los disparos recibidos en sus piernas.
Durante las presidencias de los Kirchner fue y continua desaparecido Julio López, al igual que Luciano Arruga y fueron asesinados Fuentealba, Cuellar, Ibáñez, Silvia Suppo, Cisneros, y Lazaro Duarte.
Los Kirchner para tratar de esconder su política antidemocrática tercerizan la represión. De esta manera forman patotas paraestatales a las que utilizan para reprimir al pueblo sin utilizar el aparato represivo formal, a fin de tratar de esconder su evidente responsabilidad.
Los trabajadores ferroviarios tercerizados fueron brutalmente reprimidos por una patota conformada por elementos pertenecientes a la Unión Ferroviaria, a la Secretaría de Transporte y a las barrabravas de Independiente y Banfield, con el apoyo activo de la Policía Federal que liberó la zona.
Esta tercerización les permite aparecer como despegados de la represión que estos grupos impunemente ejercen.
No es la primera vez que tercerizan la represión. Frescos se encuentran en nuestra memoria las patotas en el Hospital Francés, en el Casino, en el Subte, en la lucha agraria, en el Indec, contra los pueblos originarios, por mencionar sólo algunos casos.
Estas patotas se encuentran integradas por funcionarios estatales, barra bravas, y matones que son una pata del aparato represivo del Gobierno de los Kirchner.
Por su parte la situación de los trabajadores tercerizados del ferrocarril ex Roca, lejos esta de solucionarse. Estos trabajadores están siendo objeto de amenazas de muerte por parte de integrantes de la Unión Ferroviaria para que no se presenten a trabajar. Asimismo el viernes por la mañana, fue baleada la casa de uno de los delegados de los trabajadores.
La situación represiva se profundiza y se encuentra en grave peligro la seguridad de muchos trabajadores que se organizan por fuera del aparato sindical putrefacto.
Son cotidianas las apretadas, amenazas y agresiones contra delegados de base y militantes. Un caso gravísimo que ocurre en este momento lo sufren los compañeros de la Villa 20 de Villa Lugano en Capital Federal, en particular el compañero Diosnel Perez Ojeda, quien ha sido amenazado y agredido en numerosas oportunidades por elementos mafiosos dirigidos por el ex presidente de la Junta Vecinal (Marcelo Changalay), con la complicidad de la Policía Federal dirigida por el Gobierno Nacional.
Ante esta situación la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzó agitar la teoría de los dos demonios pretendiendo justificar lo injustificable. Esta posición de la Presidenta de la Nación deja al descubierto su responsabilidad política por los crímenes sufridos por los compañeros y la utilización que el Gobierno hace de estas patotas para reprimir las luchas populares y mantener su discurso mentiroso sobre derechos humanos.
Cristina Kirchner tarda en definir a quien responsabiliza de los asesinatos para no pagar el costo político de lo sucedido. En un primer momento acusaron a Duhalde, después hablaron con Pedraza para que entregue alguno de la patota. Su alianza con Moyano y Pedraza permite entender porque, a pesar de encontrarse los hechos probados y los responsables materiales identificados, se tardó 4 días en detener a uno de los acusados. Ante la lucha popular y el escándalo público desatado, recién el sábado por la tarde fue detenido a Pablo Díaz delegado de la Unión Ferroviaria de la línea Roca que responde a Pedraza. ¿Será parte del acuerdo de impunidad entre Kirchner, Moyano y Pedraza?
La Fiscal del caso es discípula del Procurador Righi. El estudio jurídico de Righi dirigido formalmente por su hijo en virtud del cargo que ostenta su padre, es el estudio jurídico de Pedraza y de la Unión Ferroviaria. ¿Será por esta vinculación que la Fiscal no detuvo a ningún responsable a pesar de encontrarse identificados? Recordemos que la Fiscal tampoco llamó a declarar a los testigos ni pidió los videos a los medios. Fueron los testigos los que se presentaron y los medios quienes remitieron los videos sin que la Fiscal los pidiera.
El asesinato de Mariano Ferreyra y la grave situación que afronta Elsa Rodríguez, se enmarca en una política desplegada desde el Gobierno Nacional para frenar las luchas. Nestor Kirchner entendió perfectamente que cambiaron las reglas para gobernar la Argentina después del Argentinazo. Por esta razón profundizó la judicialización y criminalización de las protestas populares, cuando no podía pasar a la represión abierta. La criminalización ha provocado la existencia de presos por luchar, verdaderos presos políticos.
Cuando fue necesario reprimir utilizó preferentemente patotas o a las policías provinciales (asesinato de Fuentealba, Cuellar, Ibáñez, brutal represión en Kraft) y sólo cuando le fue imprescindible utilizó fuerzas federales sobre las cuales no puede despegarse (represión en el Casino, lucha agraria, estudiantes de la FUBA).
Contra esta política represiva que mata a nuestros compañeros es que el pueblo argentino se movilizó masivamente el último jueves en todo el país, repudiando este brutal asesinato y exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen.
Entendemos que debemos articular un espacio lo más amplio posible que incluya a todas las fuerzas progresistas que luchan contra la criminalizacion y la represión para enfrentar la política represiva del Gobierno Nacional. Por esto entendemos vital fortalecer y ampliar el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que es la herramienta unitaria y democrática que hemos construido a través de los años.

Liberpueblo. Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo.

DOCUMENTO MARCHA CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA 23-07-2010

Estamos nuevamente en esta Plaza para denunciar la creciente criminalización de la protesta social con la que el gobierno responde a las crecientes luchas que recorren la Argentina.

La criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan para exigir la resolución de sus necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.

Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de 5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.

A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.
La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores. Impulsan la entrega y extrangerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos elementales al trabajo, a un salario y jubilación que se iguale al costo de la canasta familiar y a la defensa de una educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.
Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas, movilizaciones, cortes de ruta, huelgas, acampes, piquetes, ocupaciones de fábricas, tierras y edificios públicos, escraches a genocidas han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.
Es las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos e independientes del Estado y de las patronales.
Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir a la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser defensores de una “causa nacional” a ser tratados como delincuentes.
Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno no ahorra en recursos: utilizan las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular. En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno la situación es la misma: un ejemplo es Catamarca, donde el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. O es el caso de la Ciudad de Bs. As. donde el macrismo con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos, expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.

La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.
Por un lado una gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo o enfrentan despidos y suspensiones, pretenden ser amedrentadas utilizando a una justicia cómplice que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.

Este es el caso del conflicto Kraft–Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores. Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario y otros delegados y activistas obreros, lo que demuestra la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, metodo de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.
Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.
El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.
Los ferroviarios del sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Esta persecución continúa ya que pesan sobre ellos otras causas.
Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP y militantes que apoyaron solidariamente su lucha contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco
Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal que montándose en esta causa lo ha dejado cesante. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.

Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete.
En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.

Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Se ha reactivado la causa contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA, como también la causa contra los diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Otro caso es el de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft –Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.
Asimismo, recientemente estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.

Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta. Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.

Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobich en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión gracias a las gestiones de la Embajada Israelí, recientemente absuelto. O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones penales contra Cristian Castillo.

Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Hoy exigimos la inmediata libertad de Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA. En estos días ha sido detenido en nuestro país el militante chileno Juan Manuel Aliste Vega. Exigimos que no sea extraditado.

Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales.
Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.
La juventud no solo sufre el gatillo fácil y la tortura. sino la impunidad como como en el caso de la masacre de Cromañón.
Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.
Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.
Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Este fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.

La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.

El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.

Los que hoy nos movilizamos estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible que a un pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, hoy vea amenazadas sus más elementales libertades como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.
Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.

La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de DDHH se niegan a despenalizar la protesta.
Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura, etc. a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.

23 de julio de 2010
Encuentro Memoria Verdad y Justicia

No a la criminalización de la protesta social
Libertad a los presos políticos
Cierre de las causas y anulación de las condenas
Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios

TEXTO PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION

PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL


ARTICULO 1°. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la protesta social y evitar su criminalización.

ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

ARTÍCULO 3°. Lo prescripto en el artículo 2° se extenderá a:
a- Todas las consecuencias penales.
b- Sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales.
Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos descriptos en el artículo 2° de la presente ley.

ARTICULO 4°. Quedan expresamente excluidos de la presente los hechos represivos o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos, integrantes de fuerzas armadas, policiales, de seguridad, de inteligencia o de cualquier otra organización estatal.

ARTICULO 5°. Quedan expresamente incluidos en los alcances de la presente ley los siguientes hechos:
a- Movilizaciones o reclamos laborales, sindicales y/o gremiales por despidos, demoras en las retribuciones, demanda de fuentes de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones laborales, mejoras impositivas, o cualquier otro reclamo laboral o gremial.
b- Movilizaciones o reclamos tendientes a obtener satisfacción de necesidades o reconocimiento de derechos, en particular la entrega de alimentos u otros bienes de primera necesidad para sí o para terceros.
c- Acciones efectuadas para lograr la suspensión o paralización de desalojos de personas, familias o trabajadores ocupados o desocupados.
d- Reclamos efectuados para lograr la paralización o suspensión de subastas de bienes de productores, en particular rurales o de inmuebles utilizados con fines productivos, educacionales, sanitarios o habitados por familias de escasos recursos.
e- Ocupaciones de inmuebles desocupados, para su habitación por familias en situación de vulnerabilidad, la actividad de asambleas populares o barriales, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares y populares.
f- Paros, huelgas, realización de “ollas populares” y caravanas.
g- Movilizaciones, ocupaciones y jornadas de protesta estudiantiles.
h- Protestas, manifestaciones, cortes, reclamando contra el deficiente funcionamiento de servicios públicos, sean de transporte terrestre, vial o ferroviario, aéreo o marítimo y fluvial, eléctricos, de gas, servicios sanitarios, de salud, de agua, cloacal o cualquier otro.
i- Acciones llevadas a cabo con motivo defensa de la salud pública o de la comunidad, y/o contra el cierre de establecimientos médicos públicos o privados.
j- Marchas y/o movilizaciones por el respeto de la soberanía argentina, en solidaridad con otros pueblos, en contra de las guerras, o a favor de la paz.
k- Pertenencia a agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, gremiales, culturales, sectoriales, territoriales o de derechos humanos.
l- Actuación de dirigentes o integrantes de agrupaciones de desocupados o de reivindicación de sus derechos originadas en la confección de listas de beneficiarios de planes sociales, en su distribución o adjudicación, o cualquier otra actividad vinculada con el reclamo, obtención, distribución o adjudicación de los mismos.
m- Cortes de ruta u otras vías públicas o interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.
n- Ocupación de espacios públicos con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.
o- Ocupaciones de edificios públicos o privados con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

La enumeración precedente es meramente enunciativa, no excluyendo la aplicación de la presente ley respecto de otros hechos que encuadren en el artículo 2°.

ARTICULO 6°. Los magistrados de todo el país intervinientes en las causas descriptas en el artículo 2° de la presente ley, deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o de la pena, dictando en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la publicación de la presente:
a- El sobreseimiento definitivo del imputado y –de encontrarse cumpliendo prisión preventiva- su inmediata libertad, en aquellos casos en que no hubiera sentencia firme.
b- El cese de la condena y de todos sus efectos y la inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme.

ARTICULO 7°. El recurso interpuesto contra la resolución dictada en los términos del artículo 6° será otorgado al solo efecto devolutivo.

ARTICULO 8°. Sin demora alguna los magistrados actuantes deberán confeccionar y remitir, sin necesidad de petición de parte, los pertinentes oficios comunicando la extinción de la acción penal a la Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, y al Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, expidiendo el certificado correspondiente al beneficiario.

ARTICULO 9°. Son hábiles a los efectos de esta ley todos los días y horas.

ARTICULO 10°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas.
Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta.
Entendemos que la reducción de la política a expediente jurídico no representa otra cosa que su definitivo plegamiento a un proyecto de sociedad definido desde la función policial. La judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social.
Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.
En ese sentido, las manifestaciones de protesta social han sido calificadas bajo los más diversos tipos penales: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros.
Ante la preocupante situación descripta, se propone a través del presente proyecto, la amnistía para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.
A fin de definir las conductas objeto de la amnistía, se ha recurrido al criterio subjetivo adoptado por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso “Lezcano, Felipe”, que atiende a los “móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera fuese el bien jurídico tutelado y el modo de comisión” (“ATRIBUCIONES DEL CONGRESO”, Dardo Pérez Gilhou, Depalma, 1986, ps. 139 y ss.).
La doctrina del derecho constitucional ha señalado en forma unívoca que la facultad de amnistiar prevista en el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional es un acto de gobierno, “esencialmente político y de soberanía” (“MANUAL DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA”, Joaquín V. González, 22ª edición, Angel Estrada Y Cia, Bs. As., s/d, p. 472), toda vez que responde a “causas y consideraciones especiales de orden superior, cuya conveniencia y oportunidad sólo le incumbe valorar al Parlamento” ("LA AMNISTÍA EN EL DERECHO ARGENTINO", Carlos J. Lascano (h), Editorial Marcos Lerner, 1989, ps. 18-20).
Cabe recordar que, en ejercicio de dicha atribución, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 20.508 (B.O. 28/05/73), a pocos días de asumir la presidencia Héctor Cámpora. A través de esa ley de amnistía se dispuso la extinción de la acción penal y de la pena en causas judiciales en las que se imputaba la comisión de actos motivados por una finalidad política.
Más allá del propósito de pacificación social y política que impulsó aquella medida, subyace en la misma un profundo espíritu de equidad y justicia, al procurar corregir abusos y arbitrariedades perpetradas por el Estado mediante el ejercicio del poder punitivo.
En apoyo de esa tesitura, podemos citar un fragmento del mensaje presidencial que acompañaba el proyecto, luego sancionado como Ley N° 20.508:
“Este gobierno tiene la firme convicción de que debe eliminarse la tendencia manifiesta por los últimos años según la cual el derecho penal ha sido el único medio de expresión de la política social; por el contrario, la represión, que se expresa en el derecho penal, ha de ser sólo el último recurso de aquella política” (Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, 25/05/1973).
En el mismo sentido, el entonces Senador de la Nación, Hipólito Solari Yrigoyen, señalaba durante el debate sobre la amnistía que, cuando las estructuras vigentes no responden a las necesidades de la población y se incrementan la marginalidad social y la desigualdad clasista de ingresos en desmedro de los sectores populares, el Estado ejerce una violencia sistemática, estructural, institucionalizada en todos los ámbitos, que genera la resistencia a la opresión de los sectores sociales que ven conculcadas sus legítimas aspiraciones (Debate del Senado de la Nación, 26/05/2007).
Demás está aclarar que la historia inmediata silenció aquellas proclamas, reduciéndolas a meras expresiones de deseo.
Hoy, a casi cuatro décadas, tras más de veintiséis años de vigencia ininterrumpida del sistema democrático, resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social.
Es de suma relevancia enumerar las reiteradas iniciativas legislativas de miembros de esta Honorable Cámara que en los últimos diez años hemos rechazado la criminalización de diversos actos de protesta, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques políticos:

- Expediente N° 6465-D-1999, presentado por Alicia Castro, Beatriz Fontanetto, Ramón Torres Molina, Enrique Cardesa, Horacio Pernasetti, Alfredo Bravo, Gerardo Martínez y María América González.
- Expediente N° 2265-D-2001, de Alicia Castro, Enrique Cardesa, Alfredo Bravo, Alfredo Villalba, Ramón Torres Molina, Elisa Carrió, Jorge Rivas y Marcela Bordenave.
- Expediente N° 1668-D-2002, presentado por Ariel Basteiro, Oscar González, Jorge Rivas, Alberto Piccinini, Héctor Polino,
- Alfredo Bravo, Eduardo García, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Marcela Bordenave, Elisa Carrió, Rubén Giustiniani, Luis Zamora, Gabriel Romero, Francisco Gutiérrez, Graciela Ocaña, Alicia Gutiérrez, Mario Bonacina, Fabián de Nuccio, Laura Musa, María América González, Fernando Melillo, Marcela Rodríguez, Margarita Jarque, Lucrecia Monteagudo, Eduardo García y Atilio Tazzioli. Reproducido por expediente N° 2527-D-2004.
- Expediente N° 5502-D-2003, de los diputados Ricardo Gómez, Patricia Walsh, Blanca Osuna, Mónica Kuney, Marcela Bordenave, Gerardo Conte Grand, Dante Canevarolo, Pablo Fontdevila, Rosana Bertone, Saúl Ubaldini, Margarita Jarque, José Roselli y Guillermo Johnson.
- Expediente N° 5545-D-2003, con la firma de Alicia Castro y Alfredo Villalba. Reproducido por expediente N° 1023-D-2005.
- Expediente N° 6880-D-2004, presentado por los diputados Ariel Basteiro, Patricia Walsh, Inés Pérez Suárez, Margarita Jarque, Jorge Rivas, Susana Llambi, Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Mario Cafiero, Claudio Lozano, Francisco Gutiérrez, Luis Zamora, Lucrecia Monteagudo, Araceli Méndez, María América González, Fabiana Ríos, Alberto Piccinini, Fabián de Nuccio, Eduardo Di Pollina, Eduardo García, Julio Accavallo, Miguel Bonasso, Marcela Rodríguez, Susana García, José Roselli, Héctor Polino, Carlos Tinnirello, Adrián Pérez, María Barbagelata, Juan Carlos Godoy, Isabel Artola, Juliana Marino y Marta De Brasi.
- Expediente N° 5704-D-2008, de Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Fernanda Gil Lozano, Fabián Peralta, Claudio Lozano, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Nélida Belous, Elisa Carca, Norma Morandini, Fernanda Reyes, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Héctor Flores y Pablo Zancada.
Por último, cabe destacar que el presente proyecto también ha tenido en consideración propuestas de organismos de derechos humanos, como Liberpueblo, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), CeProDH (Centro de Profesionales de Derechos Humanos), Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Víctimas de la Represión Policial, Frente Hijos del Gran Buenos Aires, Mesa Directiva de APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos) La Plata, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Comité de Acción Jurídica de ATE.
Por lo expresado, y en virtud de la trascendencia del tema, solicitamos la aprobación del presente.

LA SOLUCION ES LA AMNISTIA

¿POR QUÉ LA SOLUCION ES LA LEY DE AMNISTÍA Y NO EL DESPROCESAMIENTO?

1.- Situación política actual. Contexto en el cual se da el debate.

A cada lucha de nuestro pueblo, el Gobierno responde con represión y/o abriendo procesos judiciales contra los compañeros.
Ante el auge de luchas existente, la respuesta de la población ante cada hecho represivo del estado y la creciente debilidad de los Kirchner, el Gobierno ha profundizado la política de utilizar el Poder Judicial contra las organizaciones y militantes populares.
Este Gobierno, que se autodenomina “de los derechos humanos” es el Gobierno con más procesados por luchar. Ejemplo de lo dicho son los trabajadores de Las Heras estuvieron 3 años presos con prisión preventiva y ahora esperan el juicio oral en Santa Cruz en un juicio basado en pruebas obtenidas bajo tormentos a los propios imputados; los imputados del caso de la Legislatura estuvieron años presos preventivamente hasta la realización del juicio que los declaró inocentes.
No hay organización barrial, obrera, social o partidaria del campo popular que no tenga integrantes sujetos a procesos judiciales por motivo de su militancia política, ya sea como imputados, procesados, en etapa de juicio o condenados.
Los delitos del Código Penal que se utilizan para criminalizar o judicializar la lucha popular son de lo más variados pudiéndose citar entre otros: atentado y resistencia a la autoridad (arts. 237/239 CP), turbación de funciones públicas (art. 241 CP), robo (art. 164 CP), extorsión (art. 168 CP), usurpación (art. 181 CP), daño (art. 184 CP), entorpecimiento de servicios públicos (art. 194 CP), intimidación pública (art. 211 CP), incitación a la violencia (art. 212 CP), prepotencia ideológica (art. 213 bis CP), lesiones (art. 89 y 90 CP), coacción (art. 149 CP), coacción agravada (art. 149 ter), sedición (art. 230 CP), privación de libertad (art. 141 CP), u otras figuras.
El Gobierno de los Kirchner trata de esconder el carácter político de estas causas bajo el pretexto de imputaciones de delitos comunes, tratando de “embarrar la cancha” con procesos por extorsión, privación de la libertad, secuestro (como a los compañeros de la FUBA), u homicidio (como a los compañeros de Las Heras), etc.
Todos estos procesos tienen como única causa verdadera la persecución política a quienes con dignidad siguen luchando por las necesidades del pueblo y no se han arrodillado frente a este Gobierno mentiroso y antipopular que ha profundizado la entrega del país.

2.- El debate ¿ley de amnistía o desprocesamiento?

Frente a la utilización del aparato judicial contra todo aquel que luche por sus derechos, fenómeno al cual se lo llama criminalización o judicialización de la lucha popular, surgió un debate sobre cual es la solución reivindicativa por la que el campo popular debe luchar.
Este debate gira acerca de si la solución al problema es el dictado de una ley de amnistía o el desprocesamiento.
Esta idea de desprocesamiento inexistente hasta hace no mucho tiempo surgió como consecuencia de dos ideas. En primer lugar como impugnadora de la idea de amnistía, por considerar que la amnistía implica un perdón y por lo tanto un reconocimiento de haber cometido delitos. En segundo lugar como respuesta ante los procesamientos pedir el desprocesamiento como solución.
La primera idea se basa en un significado erróneo gramatical e histórico de la amnistía.
La segunda idea tiene un contenido lógico innegable, pero encierra problemas de índole jurídico y político que hacen necesario dejar de hablar de desprocesamiento.
Sostenemos que la idea de desprocesamiento no da solución ante el problema de la utilización del poder judicial contra los que luchan, razón por la cual es necesario dar esta discusión en el seno de los luchadores populares para que la lucha contra esta política tenga el final que buscamos todos.
Este no es un debate ni teórico ni ideológico solamente sino que es un debate político necesario ante la profundización de la criminalización a la cual es objeto del campo popular y de la presentación de la ley de amnistía en el Congreso Nacional, el 8 de octubre de 2008, impulsada por muchas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles, del campo popular.
Sostenemos que es un debate político porque los compañeros que sostienen la idea del desprocesamiento no están participando en la lucha por la sanción de la ley de amnistía y es necesario que todo el campo popular empuje esta herramienta para luchar contra la política del gobierno de los Kirchner de enjuiciar penalmente a los militantes populares.

3.- Significados de amnistía y desprocesamiento.

Amnistía etimológicamente deriva de la locución griega “amnesis” que significa pérdida de memoria, olvido.
El olvido de la amnistía en un acto político que tiene como efecto derogar retroactivamente y transitoriamente a normas incriminadoras del Código Penal debiendo considerarse a las normas penales como inexistentes respecto de los hechos amnistiados.

El desprocesamiento es un término sin significado. No existe como término en el lenguaje común ni en el jurídico. Si uno lo busca en cualquier diccionario, no lo va a encontrar.
No existe la acción de desprocesar. Ante un auto de procesamiento ningún abogado puede plantear el desprocesamiento, sino que debe plantear el sobreseimiento.
Desprocesamiento alude a la figura del procesamiento. Significaría una vuelta atrás al acto de procesamiento. ¿Cuál sería la situación de un compañero desprocesado? La de imputado, la de indagado, la de algún paso procesal anterior al procesamiento.
El tema del desprocesamiento nos lleva al problema de que todos utilizamos a veces términos no exactos para referirnos a distintas situaciones.
Todos utilizamos el término de procesados para referirnos a los compañeros que sufren un proceso penal en su contra. No es exacto el término de “procesados” que usamos pero así se impuso.
Decimos que no es exacto porque el procesamiento es un acto meramente procesal, que de hecho no existe en muchas provincias argentinas como ser la Provincia de Buenos Aires.
El procesamiento es un acto netamente técnico procesal que puede o no existir y que no es esencial del proceso penal, ni de la utilización del aparato judicial contra los luchadores populares.
Decimos que no es exacto porque el problema de la criminalización de la lucha popular no son los procesamientos sino el hecho de que los militantes se encuentren sujetos a proceso penal a lo cual se suma la posibilidad de ser condenado a prisión efectiva.

4.- El Congreso no puede dictar el desprocesamiento de los compañeros.

La potestad de imputar, procesar, sobreseer, absolver, condenar, son potestades de los jueces y no de los legisladores.
El Congreso no puede resolver el procesamiento, sobreseimiento, o la absolución, no es parte de sus competencias según la Constitución Nacional.
Pedirle al Congreso que dicte una ley de desprocesamiento, amén de ser un término inexistente le permite a los sectores que sostienen esta política anti-popular, decir que ellos no pueden dar solución a nuestros pedidos, con un argumento real: no esta dentro de las potestades constitucionales del Congreso dictar actos procesales.
En cambio el Congreso Nacional tiene atribuciones para dictar una ley de amnistía que extinga la acción penal y la aplicación de penas contra los luchadores populares (art. 75, inc. 20 C.N.).
La exigencia de sanción de la ley de amnistía deja sin argumentos técnicos a quienes se oponen y permite dar la discusión política de fondo, quedando en claro quienes se apoyan y quienes se oponen a la política de criminalizar la protesta popular.
La herramienta existente dentro del sistema político argentino hoy es la amnistía, la cual puede ser utilizada a favor del campo popular.

5.- Inutilidad de una ley de “desprocesamiento”

Los delitos que se imputan a los militantes se encuentran en el Código Penal de la Nación, pero el procedimiento para enjuiciarlos depende de los distintos códigos procesales provinciales, los cuales pueden o no preveer el instituto del procesamiento.
La legislación procesal es materia provincial de acuerdo a la Constitución Nacional, es por esta razón que hay provincias (Buenos Aires) donde no existe la figura del procesamiento y otras provincias donde si existe el procesamiento, o el mismo instituto puede tener otro nombre.
El Congreso Nacional solo puede emitir leyes procesales penales para el fuero nacional y federal, pero no puede dictar normas procesales provinciales.
Este hecho también marca la ineficacia de una ley de desprocesamiento ya que la misma (en caso de ser posible su dictado) sería aplicable sólo en el ámbito de la justicia nacional y federal, pero no para las causas que tramitan ante los tribunales penales de las distintas provincias.
Por otro lado los más de 5000 compañeros sujetos a juicio, no están todos procesados. En primer lugar porque no en todas las provincias existe el procesamiento, en segundo lugar porque muchos (en las jurisdicciones donde todavía hay procesamiento), no llegaron a esa instancia procesal, en tercer lugar hay compañeros que ya han pasado la etapa de procesamiento y son objeto de juicios orales.
Estas razones hacen que aún en el supuesto de que el desprocesamiento existiese y fuese competencia del Congreso Nacional dictarlo, el mismo no sería eficaz para miles de casos.
Existiendo compañeros sujetos a procesos judiciales en todo el país por delitos del Código Penal (que es Nacional) y siendo los procedimientos judiciales de cada Provincia diferentes entre sí, resulta imprescindible para cerrar todas las causas y terminar con todos los efectos de las mismas la sanción de una ley nacional de amnistía que extinga todas las causas penales a favor de todos los que se encuentren imputados por luchas.

6.- Efectos de la amnistía y del desprocesamiento.

La amnistía extingue todas las consecuencias penales de los hechos objeto de amnistía.
O sea que ninguna persona podrá ser citada en ningún carácter (como imputada o testigo) con referencia a supuestos delitos cometidos en ocasión de lucha popular, por hechos anteriores a la sanción de la ley de amnistía.
Abarca tanto a todas las causas penales existentes contra los compañeros, como a las que todavía no están abiertas pero se funden en hechos de lucha anteriores a la ley de amnistía.
La amnistía representa, ante todo, una “descriminalización” del hecho definido en la ley punitiva. Con argumentos políticos-sociales, el legislador “desincrimina” los hechos plasmados como “delitos” por el Código Penal. Dice que los hechos “no fueron delitos”, y por ende no serán perseguidos.

El desprocesamiento (en caso de existir la figura y ser posible su dictado) tendría como efecto en los casos donde los compañeros se encuentren procesados, volver atrás el procesamiento, quedando los compañeros en situación de imputados. Este efecto no resuelve el problema de fondo, ya que seguirán sujetos a proceso, nada más que en otro carácter. En las causas que están en etapa de juicio no tendría ningún efecto. En las causas donde se dicten condenas tampoco tendrá efecto alguno.

Lo que necesitan los 5000 compañeros sujetos a proceso penal es que se extingan los procesos penales, que no se imponga ninguna pena por haber luchado, que no quede ningún antecedente penal por los procesos existentes.
Estos efectos se logran con una ley de amnistía, no con una ley de desprocesamiento.

7.- La solución es una amplia ley de amnistía.

Pretender el desprocesamiento implica sostener una solución procesal inexistente para un problema de fondo real de carácter político.
El instituto o la figura del desprocesamiento no existe, es una palabra sin significado semántico ni jurídico, ningún código o constitución lo prevé, ningún abogado puede explicarlo.
La utilización del término desprocesamiento y por sobre todo su utilización como contrapartida a la ley de amnistía, es una herramienta que termina jugando en contra del campo popular y en favor del enemigo, ya que divide en base a una discusión que no nos lleva a la solución del problema.
Hay sectores del campo popular que consideran impopular la idea de amnistía y creen poder evitar la discusión política de fondo a través de la creación de un término nuevo, sin significado alguno, de carácter netamente técnico procesal.
Las leyes de amnistía son una herramienta que el pueblo argentino ha usado en el pasado a favor del campo popular teniendo como último ejemplo la ley de amnistía del año 1973
Para frenar la política de criminalizar la protesta popular es necesaria una solución política, la cual es la amnistía.
Hoy existe en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de amnistía impulsado por un amplio espectro de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y partidos políticos, presentado con la firma de 15 diputados nacionales con estado parlamentario.
El proyecto respeta el texto y el espíritu de los anteriores proyectos de ley de amnistía que se han presentado.
También cumple con todas las necesidades del campo popular extinguiendo la acción penal y la pena respecto a todas las personas sujetas a proceso penal con motivo de la lucha popular.
Debemos unirnos y luchar por la sanción de esta ley de amnistía y no dividirnos en falsas antinomias (amnistía – desprocesamiento).
La herramienta política y legal que el campo popular tiene en este momento histórico es la amnistía, no el desprocesamiento. El desprocesamiento amén de no existir no cumple con las finalidades necesarias de los compañeros sujetos a procesos penales. Luchar por el desprocesamiento implica confundir el objetivo y ser funcionales a que no se resuelva el problema de la criminalización de la protesta popular.
Es por esto que debemos dejar de hablar de desprocesamiento y luchar por la sanción del proyecto de ley de amnistía que tiene estado parlamentario.

Liberpueblo, 4 de mayo de 2009

Hechos de represión y criminalización

REPRIMEN Y DETIENEN A 14 MANIFESTANTES

10 de Marzo de 2010
MONTE BUEY - Trabajadores de la UATRE
Reprimen y detienen a 14 manifestantes
El fiscal de Marcos Juárez ordenó la detención de 14 trabajadores de la bolsa de UATRE que mantenían bloqueado el acceso a camiones de la planta del Grupo Romagnoli

El delegado gremial agradeció el apoyo del intendente Motta para liberar a sus compañeros: "Se quedó con nosotros hasta las 3 de la mañana"
Los trabajadores pertenecientes a la bolsa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) volvieron a reclamar frente a la planta del Grupo Romagnoli, ubicada en el kilómetro 205 de la ruta provincial 6. Allí bloquearon el lunes el acceso de camiones, dejando pasar vehículos particulares de menor porte, en reclamo del incumplimiento del acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo, para que la firma ocupe a los inscriptos de la bolsa para las tareas correspondientes. "Ni siquiera estamos cuestionando salarios ni jornadas, sino que cumplan lo pactado", explicó Jorge Vázquez, delegado de la Regional Villa María de UATRE a EL DIARIO.
"Estaba todo normal, nosotros con nuestro reclamo, la Policía custodiando como siempre, pero cuando quedó el grupo que iba a aguantar la noche, a las 23.30 reprimieron y se llevaron detenidos a los 14 compañeros. Les abrieron sumario y les pintaron los dedos como si hubiesen cometido algun delito", narró el gremialista. De inmediato se movilizaron y acompañados por el propio intendente de la localidad, Fabricio Motta, lograron en las primeras horas de ayer la liberación de los 14 manifestantes.
Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal de Marcos Juárez, Carlos Viramonte, el mismo que en diciembre de 2006 mandó detener a 42 vecinos de Corral de Bustos por la supuesta participación en la pueblada que terminó en el incendio del edificio de Tribunales.
Hoy estará movido Monte Buey. A las 11, funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Córdoba capital se encargarán de tomar audiencia, ya que la empresa no se presentó a la última citada.
El acuerdo se firmó en diciembre último, luego de similares reclamos, pero "tenemos este problema desde 1993 y de nuestra bolsa dependen 80 familias de Monte Buey", dijo Vázquez.


REPRIMEN ACAMPE DE LA CCC EN POSADAS

POSADAS, MISIONES Sábado, 06 de Marzo de 2010 01:03
(AW) La organización barrial CCC viene acampando en la plaza 9 de julio desde hace 2 días, en reclamo de puestos de trabajo. La policía llego a desalojar la plaza con palos y escudos y como consecuencia hay 14 presos y una embarazada internada grave.
(Agencia Walsh) Comunicado de Prensa “Ante la represión que sufrieron los compañeros de la organización barrial CCC, esta mañana en la Plaza 9 de Julio, nos solidarizamos y repudiamos la respuesta de este gobierno ante las demandas de nuestro pueblo, que viene expresándose hace tiempo en la calle porque es insostenible la vida miserable e indignante de estos días. La CCC, mantenía una medida de “acampe” hace 2 días en la plaza, pidiendo por el Plan “Argentina Trabaja”, y hoy se encontraron con la respuesta de las autoridades: mandaron a la fuerza policial a desalojar la plaza para que no se vea que en los barrios de Posadas hay hambre, miseria y desocupación. Además, exigimos la inmediata liberación de los 14 detenidos de la CCC, repudiamos el accionar de la policía que reprimió sin compasión a hombres, mujeres y niños; y como consecuencia hay una mujer embarazada de 7 meses, en grave estado de salud por los golpes que recibió. También, golpearon a un camarógrafo de canal 4 y detuvieron de forma totalmente impune a un compañero de otra organización que se acerco a la comisaría a averiguar la situación de los presos. Esta es la verdadera cara del gobierno de Misiones, que no pretende ni quiere dar soluciones a los problemas de los sectores mas desprotegidos de la sociedad y así pone de manifiesto todo su aparato represivo, criminalizando, judicializando la protesta social y poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo. No a la criminalización de la protesta social”



PROTESTA POR CLAUSURA DE UNA FABRICA EN LUJAN

Graves incidentes en Luján entre operarios y policías
Hubo violentos enfrentamientos. Varios heridos de bala de goma y dos detenidos

Siete heridos y dos detenidos fue el saldo de graves incidentes que se produjeron ayer frente a la Municipalidad de Luján, cuando chocaron un nutrido grupo de empleados de una curtiembre que había a protestar al lugar y un numeroso grupo de policías bonaerenses que se había apostado en torno de la Intendencia en previsión de esa manifestación.

Los incidentes se produjeron en el marco de la movilización de unos 1.500 trabajadores de la empresa Curtarsa, que llegaron a la sede de la Municipalidad para protestar por una nueva clausura de la curtiembre, denunciada por contaminación, y reclamar su reapertura "en defensa de la fuente de trabajo".

Según testimonios recogidos en el lugar, los hechos de violencia comenzaron cuando un grupo de delegados de los empleados intentó ingresar al edificio municipal para dialogar con las autoridades y con concejales, lo que fue impedido por policías que formaban un grueso cordón en el frente del edificio municipal.

LA VIOLENCIA

Fuentes oficiales afirmaron que el grupo quiso concretar una virtual "ocupación" del lugar y agredieron a los uniformados, lo que generó la réplica. En cambio, delegados sindicales que integraban la manifestación aseguraron que "avanzamos para que entrar a una reunión con la intendenta y la policía reprimió con balas de goma sin motivo alguno".

Lo cierto es que en un momento los policías disolvieron el cordón que estaban formando, los manifestantes se enfrentaron a golpes de puño con los uniformados y hubo disparos de balas de goma, corridas y entreveros.

El saldo de la trifulca fue de siete empleados heridos, en su mayoría por balazos de goma, y dos manifestantes detenidos.

Las detenciones, a su vez, aumentaron la tensión y motivaron que el grupo de trabajadores trasladara su protesta al Departamento de Policía de Luján, donde exigieron la liberación de ambos, medida que se produjo a media tarde.

Medios periodísticos de Luján indicaron que antes del arribo a la Municipalidad, los trabajadores habían efectuado un escrache frente a las casas de Dino Viotto, presidente de la Asociación Eco Vida en el Oeste Bonaerense; de Regina Palomar, también de esa entidad; y de Emilce Torntelli, vicepresidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, organismos que se oponen al funcionamiento de la curtiembre, ubicada en la localidad de Jáuregui del distrito de Luján, porque produciría contaminación ambiental.

EL CONFLICTO

"Nos cortan las piernas. ¿Qué le damos de comer a nuestra familia? Queremos que reabran la fábrica. Hay 1.500 familias que se pueden quedar sin trabajo", dijeron los manifestantes, al resumir la razón de la protesta.

La clausura fue dispuesta por el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), el ente del gobierno bonaerense que controla la contaminación del medio ambiente, luego de reiteradas denuncias de vecinos de la planta industrial.

Y luego del violento conflicto, la administración provincial y representantes de los trabajadores acordaron que la clausura se levantará si la curtiembre efectúa programas de readecuación solicitados por la autoridad ambiental.

El compromiso fue rubricado por José Molina, director ejecutivo del Opds y delegados gremiales de la empresa.

El intendente interino de Luján, Hernán Mosca, en tanto, precisó que la clausura fue ordenada por el organismo provincial, y repudió los violentos episodios y colocó a disposición de las autoridades judiciales las cintas de video y audio del Programa Integral de Protección Ciudadana para contribuir al esclarecimiento de los hechos, tras subrayar que el Municipio "no ordenó la represión de los manifestantes".



REPRESIÓN POLICIAL A TRABAJADORES Y PROFESIONALES DE LA SALUD DE SALTA

Viernes 21 de mayo de 2010

La marcha se enmarcó en el paro de 24 horas decretado a nivel nacional por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina(FESPROSA) que preside Jorge Yabkowski, integrante de la Mesa Nacional de la CTA. En Salta tuvo como protagonistas a profesionales y trabajadores de la Salud que acompañaron la medida.

La marcha salió del Hospital San Bernardo. Unos 50 policías los escoltaban, pero ya al doblar por España para dirigirse a Plaza 9 de Julio comenzaron las barreras policiales para impedir el paso de los manifestantes. Con el afán de despistar a los uniformados, algunos manifestantes se desviaban del camino, la Policía corría para encerrar la calle por la que esperaban proseguir, y en ese momento, ante el despeje de la España, los manifestantes salieron corriendo para ganar espacio y llegar a la Plaza 9 de Julio. Pero ello fue impedido en Juramento y España, en donde se hizo una doble barrera de Policías, con la guardia de Infantería al frente.

Los que quisieron burlar la guardia fueron detenidos. Entre ellos se encontraban Alejandro Wardi, secretario de Interior de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), Matías Copa y Eduardo Cejas.

Ante la imposibilidad de pasar por España hasta la Plaza, los manifestantes volvieron en dirección al San Bernardo e hicieron el primer corte sobre avenida Virrey Toledo. Luego de unos minutos de corte, volvieron a intentar llegar a la Plaza por España, y nuevamente se sucedieron los incidentes con la Policía sobre calle Juramento. Al querer volver a la avenida, la Policía produjo una nueva barrera sobre calle Las Heras y España, produciendo el encierro de la manifestación en esa cuadra.

Finalmente, la voluntad y decisión de los manifestantes les permitió ingresar a la plaza 9 de Julio y llevar adelante el acto programado. Cristina Nesrala, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES-CTA) criticó el accionar policial, denunció la crisis sanitaria en la provincia y ratificó para hoy la onvocatoria a un paro provincial de 24 horas y concentración en la plaza 9 de Julio a partir de las 11.00.

A su turno, Vicente Martí, secretario general de ATE Salta, indicó que "en este Bicentenario estamos reclamando que se vayan los españoles de Santa Tecla del Hospital de Niños de Salta", a la vez que reivindicó el derecho a la protesta y cuestionó la represión policial.

Por último, Giuliani dijo que "las jeringas, las agujas y los guantes son material descartable y no los trabajadores y profesionales de la salud que luchan todos los días por defender un sistema universal, público y gratuito". A renglón seguido, el dirigente cordobés reivindicó la campaña de la CTA "Volver a Carrillo" para que "en nuestro país deje de haber una salud para los ricos y otra para los pobres".
Presentación de “Pensamiento propio”

En horas de la noche, en el Complejo Bibliotecas de la Capital Salteña, “Pipón” Giuliani presentó su libro “Pensamiento propio. Lo nuevo estaba entre nosotros”. En la ocasión, estuvo acompañado por Laureano Sánchez, dirigente de APDFA y Vuenaventura David, secretario general de la CTA Salta.

Ante un auditorio colmado, Giuliani sostuvo que la publicación, “tiene por objeto que los trabajadores nos reapropiemos del conocimiento y recuperemos el orgullo de ser parte de la clase que es el motor de las transformaciones históricas”.

Luego de repasar diferentes acontecimientos, y de cuestionar “el ninguneo que ejerce la historia oficial y el mundo académico sobre el devenir de los trabajadores”, el secretario de Comunicación y Difusión de la CTA se preguntó: “¿Cómo es posible que no exista ninguna cátedra oficial de Historia del Movimiento Obrero Argentino en ninguna de las más de treinta universidades nacionales que existen en nuestro país”.

Por último, dijo estar convencido de que los trabajadores están construyendo un nuevo paradigma que los llevará, más temprano que tarde, a redactar el nuevo Manifiesto de la clase.


COLIHUE INCUMPLE ORDEN JUDICIAL DE REINCORPORACION

Enero 2010
Trabajadores de Ediciones Colihue SRL denunciaron ayer que la empresa "hace caso omiso" al dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación que instó a la reincorporación de los empleados despedidos. "Tenemos entendido que es inminente el desalojo de parte de la Fiscalía, ya que fuimos acusados de 'tomar' la empresa", puntualizaron en un comunicado. Por eso, los empleados se concentrarán hoy en la puerta de la Editorial, ubicada en Díaz Vélez 5125, de esta ciudad en rechazo a la actitud de la empresa, cuyo principal gerente es un miembro de Carta Abierta, la agrupación kirchnerista.


JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA
PROCESARON A MANUEL GUTIÉRREZ DE ADEMYS

Martes 29 de junio de 2010
Este procesamiento se realiza por el corte de calle llevado a cabo el viernes 21 de mayo del presente año junto a otras organizaciones y agrupaciones docentes en solidaridad con los docentes de Neuquén bajo la consigna “Hoy todos somos ATEN”.

“Dicho acto fue realizado con el objetivo de difundir ante la opinión pública nacional la problemática docente de Neuquén que intentaba ser silenciada y aislada de la solidaridad del conjunto de los trabajadores”, informaron desde ADEMyS a través de un comunicado.

Además, los compañeros agregaron: “Esta concentración en la vía pública fue comunicada y difundida con razonable anticipación como lo indica el código contravencional y tomada por los diferentes medios radiales y televisivos".

"El proceso que judicializa a nuestro secretario General y a otros compañeros docentes, (como a Carlos Oroz, secretario de Prensa de ADEMyS) es una muestra concreta del intento de judicializar la protesta por parte del Gobierno del Ingeniero Mauricio Macri. Llamamos a repudiar el hecho y a solidarizarse con todos los trabajadores perseguidos por luchar”, añade el comunicado gremial.

Desde la CTA Capital "nos solidarizamos con el compañero Manuel Gutiérrez y con todos los trabajadores perseguidos por luchar, al mismo tiempo que le decimos No a la judicialización de la protesta social y No al avance macrista en la Ciudad de Buenos Aires", señala una declaración de la Central porteña.