FORMULAN DENUNCIA PENAL POR DELITO DE ACCION PÚBLICA.-
Sr. Juez Federal:
Enrique
Mario Fukman y Carlos Lordkipanise, ambos su por derecho
propio y en representación de la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Diana
R. Kordon, en representación de Liberpueblo
Asociación Civil por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo, Gina A. Erramuspe y Alejandra
Giordano en representación de Centro de Abogados por los Derechos
Humanos (CADHU), Luis Bonomi en representación
del Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos, Liliana Alejandra Alaniz en representación de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), María
del Carmen Verdú en representación
de la Coordinadora contra la represión
policial e institucional (CORREPI),
Mariano Alberto Delli Quadri en representación de la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), Hugo Antonio Blasco en representación de la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA), Elena Hanono en representación
del Partido
Comunista Revolucionario (PCR), Christian Castillo, en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Natalia Saralegui DNI 35.359.726, en representación de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), Héctor
Antonio Heberling en presentación del Nuevo
Mas, y Marcelo Alejandro Ramal, DNI 11.266.786 en
representación del Partido Obrero (PO),
todos constituyendo domicilio legal en la Avda. Rivadavia 2206 Piso 5º Dto.
“A”, de esta CABA, conjuntamente con el patrocinio letrado de los Dres. Nicolás
G. Tauber Sanz (Tº 82 Fº 918 CPACF), Patricio Gaynor (Tº 81 Fº 396 CPACF), ante
V.S., respetuosamente nos presentamos y decimos:
I.- OBJETO.-
Que las
personas y organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente
venimos a presentar formal denuncia penal por delito de acción pública contra
el Sr. Secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Dr. Sergio Berni en
virtud de haber dispuesto la detención sin orden judicial y el posterior
traslado en calidad de detenidos a la Unidad de Procedimientos Judiciales de
Campo de Mayo perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, (ex centro
clandestino de detención durante la última dictadura militar genocida) de 68
personas inocentes. Ello en orden al delito previsto en el inciso 1º del art.
144 bis del Código Penal de la Nación, y los que pudieran acreditarse en el
marco de la presente causa.-
El hecho
denunciado consiste en la disposición de tomar por asalto mediante la
utilización de la fuerza de los efectivos de Gendarmería Nacional de 4 micros
llenos de personas, en su mayoría mujeres con menores de edad y personas
mayores y llevarlos detenidos a una dependencia militar que no se encuentra
habilitada para alojar personas demoradas ni privadas de su libertad, no
existiendo asimismo resolución judicial alguna que lo ordenase.
A juicio
de esta parte, los hechos que aquí se investigan encuadran en la figura penal
descripta así como también respecto de los partícipes necesarios, cómplices,
encubridores y/o instigadores en relación a los hechos que motivan la presente,
que pudieran descubrirse durante el transcurso de la pesquisa.-
Es por
ello que, en virtud de lo que seguidamente se describirá y de lo que
oportunamente surja de la investigación, solicitamos se condene al/los autor/es
del hecho al máximo de la pena impuesta para el o los delitos correspondientes,
con costas.-
Solicitamos
la investigación de este gravísimo hecho, que conculca libertades democráticas
básicas hasta sus últimas consecuencias y se proceda a castigar a quienes
resultan responsables.
II.- LEGITIMACION – PERSONERIA. SOLICITA
SER TENIDOS COMO QUERELLANTES.-
Los
suscriptos nos encontramos legitimados para denunciar en virtud de nuestra
calidad de organismos de derechos humanos, quienes tenemos como objeto de
nuestra existencia la lucha por la vigencia de las libertades públicas de la
población de nuestro país.
Libertades
que se han violado en forma grave y flagrante con el hecho motivo de denuncia
que consistió privar de su libertad a 68 personas entre las que se encontraban
9 menores de edad en una dependencia militar que no reviste calidad de lugar
habilitado para alojar personas privadas de su libertad, ni siquiera en calidad
de demorados.
Se trata de una grave violación a los derechos humanos y cuyo
resultado nos interesa particularmente ya que involucra directamente la
práctica y los derechos de reunión, de manifestación y de asociación, derechos
que integran las libertades democráticas reconocidas por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional.
Asimismo, dado que los hechos
que venimos a denunciar nos tienen, tanto individual como colectivamente, en
tanto organizaciones sindicales, de DDHH, sociales o políticas, como
damnificados particularmente por tales conductas criminales, solicitamos a V.
S. nos tenga por constituidos como querellantes a las siguientes
organizaciones: AEDD (Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos) y Liberpueblo Asociación Civil; Centro
de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la
Asociación de
Profesionales en Lucha (APEL) y la Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), tal
como lo prevén los arts. 82, 82 bis, 83, siguientes y concordantes del CPP, así
como la doctrina y jurisprudencia en la materia.
Así las
cosas es que en virtud de lo establecido por el art. 82 bis del Código Procesal
Penal de la Nación, los suscriptos nos encontramos legitimados para
constituirnos en parte querellante de las presentes actuaciones, lo cual
dejamos expresamente pedido.
III.-HECHOS.-
Que con
fecha 30 de agosto de 2012 alrededor de las 12 horas 68 personas se encontraban
dentro de cuatro colectivos que se encontraban estacionados a un costado de la
colectora de la Autopista Panamericana a la altura del kilómetro 30, mano a
Capital Federal.
Dentro
de estos micros se encontraban abuelos, madres con sus hijos menores, los
choferes y demás personas, sobre las cuales no existe ninguna prueba respecto
de su participación en un hecho delictivo.
Nueve (9) menores de edad se
encontraban dentro de los micros. Desde
una nena de 2 años, pasando por un nene de 4 años de edad, hasta
adolescentes de más de 13 años.
Ante
esta situación y sin que exista orden
judicial, personal de Gendarmería
con perros y fuertemente armados resolvió rodear a cuatro (4) colectivos
llenos de personas que se encontraban cerca del lugar y una vez rodeados los tomaron por asalto deteniendo a
todas las personas a bordo.
Los
efectivos de Gendarmería subieron a los micros ostentando sus armas y se
ubicaron sobre los pasillos centrales de los mismos, vociferando a los gritos
que se encontraban todos detenidos e incomunicados, exigiendo a todos los
ocupantes apagar sus teléfonos celulares
El evento fue realizado con una gran
ostentación de fuerza, mostrando los efectivos sus armas de fuego en todo
momento, frente a madres con sus hijos menores en brazos que no configuraban
ninguna amenaza, ni tampoco que requiriesen dicho despliegue desproporcionado
de violencia.
Una vez
ocupados los micros, los gendarmes le ordenaron a los conductores que enciendan
los motores y se dirijan por el camino que ellos les indicaban hasta el centro de operaciones de
gendarmería nacional ubicado en las instalaciones militares de Campo de Mayo.
Los
cuatro micros se encontraban escoltados por delante, detrás y por los costados
por móviles de Gendarmería. Motos, autos, camionetas y hasta un camión hidrante
custodiaban a los micros que se encontraban ocupados por las personas detenidas
y varios efectivos de Gendarmería.
Así fueron conducidas todas las personas
hasta la el Regimiento Militar Campo de Mayo, específicamente al sector en el
que funciona la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales Campo de Mayo de
Gendarmería Nacional Argentina.
La
violencia desplegada injustificadamente por la Gendarmería Nacional se vio
exponencialmente agravada por el hecho de llevar a todos los detenidos a Campo
de Mayo, donde funcionó un Centro
Clandestino de Detención durante la última dictadura militar genocida, lugar en
el que se torturó, violó, asesinó y despareció a cientos o miles de
compatriotas.
Esta
historia es conocida por cualquier habitante de la Nación, y no era desconocida
por los detenidos, quienes incomunicados y detenidos por personal militar eran
llevados a tal siniestro lugar.
Asimismo
no puede escapar a V.S., que Campo de
Mayo no se encuentra legalmente habilitado para albergar personas privadas de
su libertad, así como tampoco cuenta con instalaciones para tales fines.
De hecho
los 68 detenidos fueron alojados durante las 20 horas que duró su ilegítima
detención dentro de los cuatro micros. Así cada vez que debían ir al baño eran
escoltados por dos guardias de Gendarmería desde el micro en cuestión hasta el
lugar que dispuso la autoridad militar para tal fin.
Al tomar
conocimiento de los hechos, algunos de los organismos de derechos humanos que
suscriben la presente denuncia se comunicaron con el Juzgado Federal de San
Isidro, siendo informados de que ni las detenciones ni el lugar donde se
encontraban detenidos habían sido ordenados por la autoridad judicial, quien al
tomar conocimiento de los hechos dispuso la soltura de todos los detenidos.
La
inexistencia de orden judicial alguna que funde las detenciones, la privación
de la libertad y la elección del lugar donde fueron alojados los detenidos
surge en forma clara de la causa judicial abierta contra los 68 detenidos en
trámite por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San
Isidro, causa Nº 467/2012.
En efecto
a fs. 230 de la causa de referencia el Comandante Mayor Jefe de la Agrupación
Especial Metropolitana con asiento en Campo de Mayo, Sr. Horacio Orlando Molina
declaró bajo juramento que: “… Cómo señalé tres de esos colectivos se hallaban
sobre la Panamericana y había un cuarto sobre Colectora, todos ellos en sentido
a Capital Federal. Fue en esos momentos, que ordené a personal del Destacamento
Móvil III que se colocara delante del micro de manifestantes que se hallaban
sobre la colectora a efectos de que no se retiren del lugar, en tanto a
personal del Destacamento Móvil I le ordené que realice lo propio respecto de
los micros que se hallaban estacionados sobre la Autopista Panamericana, todo
ello con el propósito de evitar que se retirasen del lugar, en atención al
ilícito que habían cometido.”
Por su
parte también declaró que “Quiero dejar aclarado que se tomó la decisión de
trasladar a los manifestantes que estaban en los micros a la sede de Campo de
Mayo para evitar mayores congestionamientos de tránsito y, de otro lado, evitar
accidentes de cualquier tipo. La identificación de los ocupantes de los micros
se hizo si en la sede de Campo de Mayo,…”.
Respecto
del traslado de los micros declaró que: “… deseo aclarar que los micros de
manifestantes fueron conducidos por su choferes hasta Campo de Mayo, al tiempo
que eran secundados por personal de la fuerza, por móviles de seguridad.”
Tal como
es de público conocimiento este operativo fue dirigido presencialmente por el
jefe máximo de las fuerzas de seguridad actuante, el Tte. Coronel Sergio Berni,
en su calidad de Secretario de Seguridad de la Nación.
Dicho
funcionario sin contar con atribuciones legales, ni orden judicial dispuso la
detención, incomunicación y traslado a Campo de Mayo de las 68 personas, acción
que motiva la presente denuncia.
Los
hechos denunciados son de suma gravedad y no deben ser pasados por alto. No se
pueden tomar con naturalidad, legitimándolos. Es necesario que se investigue y
determinen las responsabilidades del caso para terminar con acciones que violen
los derechos humanos básicos de los sectores más pobres de nuestra sociedad.
IV.- PRUEBA.-
Documental
1.- Se
acompaña copia del acta firmada por el Dr. Pablo Martín Fonzo Secretario del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, que encabeza
la causa judicial en trámite por ante dicho juzgado Nº 467/2012.
2.- Se
acompaña copia de la declaración testimonial brindada en el marco de la causa
de referencia por el Comandante Mayor Jefe de la Agrupación Especial
Metropolitana con asiento en Campo de Mayo, Sr. Horacio Orlando Molina.
Informativa.-
1.) Se
libre oficio al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría
Nº 3 de San Isidro a fin de solicitarle que remita ad effectum videndi la causa
nº 467/2012 con todos sus anexos, incluso las pruebas fílmicas remitidas por
los canales de televisión.
2.) Se
oficie al Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que el mismo informe:
a.)
Nombre del responsable de la Gendarmería Nacional el 30 de agosto de 2012 e
idénticos datos de quien resulte responsable de la unidad de Gendarmería que
tiene sede en Campo de Mayo, indicando en ambos casos su fecha de ingreso a la
fuerza y si con anterioridad han reportado en otra fuerza de seguridad también
consignarlo.
b.) Usos
habilitados del destacamento de Gendarmería Nacional ubicado en Campo de Mayo,
brindando un detalle de todas las instalaciones existentes.
c.)
Respecto de las instalaciones existentes en la Unidad de Gendarmería con
asiento en Campo de Mayo destinadas a la detención de personas, así como la
resolución o normativa que avalan dicho uso.
V. PETITORIO
Por todo
lo expuesto, a V. S. solicitamos:
1. Se
tenga por formulada la presente denuncia, por constituido el domicilio procesal
y por denunciados los reales.
2. Se
tenga a los presentantes como constituidos en querellantes en las presentes
actuaciones.
3. Se
produzca la prueba solicitada.
4.
Hacemos expresa reserva de ampliar la presente denuncia.
5. Se
ordene la instrucción del correspondiente sumario.
Proveer
de conformidad, que
SERA JUSTICIA
