Se presentó proyecto “Contra la Criminalización de
la Protesta Social” que tiene como finalidad “garantizar el derecho de la
participación popular en la vida pública”. Participaron referentes de
organismos de Derechos Humanos, gremiales, políticos, intelectuales, estudiantiles
y sociales. Hubo fuertes críticas a la Ley Antiterrorista.
Diputados nacionales del
interbloque FAP, Proyecto Sur y la Coalición Cívica-ARI presentaron un proyecto
de ley contra la criminalización de la protesta social, a fin de “garantizar el
derecho a la participación popular en la vida pública”, en cuya preparación trabajó activamente Liberpueblo. Lo hicieron en el marco
de una audiencia pública que contó con amplia participación de organizaciones
sindicales, de Derechos Humanos y pueblos originarios.
El proyecto retoma anteriores
iniciativas de otros diputados como Ricardo
“Lolo Gomez y Horacio Alcuaz que
estuvieron presentes en la Sala.
La Audiencia, convocada desde
los despachos de los diputados Virginia
Linares (GEN) y Jorge Cardelli
(Proyecto Sur), fue coordinada por Diana
Kordon (LIBERPUEBLO) y Enrique
Fukman (Asociación Ex Detenidos Desaparecidos).
“No hay democracia sin la
posibilidad de protestar”, sostuvo Virginia
Linares (Gen) al abrir el encuentro, al tiempo que consideró que “la
protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas”.
Asimismo, Jorge Cardelli (Proyecto Sur) advirtió
que “estamos asistiendo a un proceso de masificación de la judicialización” y
recordó que “en los `90, si hubo una victoria, fue que la calle era nuestra”.
También informó que “en los últimos tiempos, son los trabajadores los que están
sintiendo con más fuerza la judicialización”.
El presidente del bloque, Fernando “Pino” Solanas, apuntó que “lo
más importante es la cantidad de fuerzas unidas por una causa tan noble, que
desnuda la clase de gobierno que tenemos desde hace muchos años”. “Lo que hay
detrás de la Ley Antiterrorista es la disputa social”, explicó, y pidió además
que “no haya divisiones partidarias por encima de estas causas”.
Por su parte, Horacio Piemonte (CC-ARI) exigió, antes
de fin de año, la realización de “una sesión especial con fuerte participación de
organizaciones y de la sociedad civil” para discutir este tema. “O lo aprueban,
o pagan el costo político y le dan la espalda a las luchas sociales”,
sentenció.
Durante la audiencia, el
referente de la comunidad Qom en Formosa, Félix
Díaz, relató casos de “persecución” sobre su colectividad, y sostuvo que
“los conflictos se tienen que resolver a través del diálogo, no de las armas”.
Juan
Carlos Alderete, por la CCC,
hizo responsable a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner por los
numerosos asesinados de los últimos años en el marco de protestas sociales,
mientras indicó que la organización a la que pertenece había sufrido
directamente estos asesinatos –recordó a Marcelo Cuellar, Cristina Ibañez,
Roberto López, Mártires López, Ariel Farfan, Juan José Velázquez, Félix Reyes-
mientras ratificaba que ello no les hará doblegar sino redoblar la fortaleza en
los reclamos.
Carlos Chile (CTA-Capital) pidió la “inmediata amnistía para todos los
procesados del país”. El doctor Roberto
Gargarella (UBA) alertó que “cuando el Gobierno habla de democracia, tiene
una concepción muy restringida de ésta”,
que “entendemos por democracia una participación más amplia que,
simplemente, votar en forma periódica” e indicó que “uno no confronta contra el
marco jurídico por una vocación de generar desorden, sino por disputar
derechos”.
Hubo un amplio y unánime
repudio a la reciente sanción de la Ley Antiterrorista.
Se expresó que el Gobierno Nacional necesita ajuste y reelección, y que “eso no
pasa sin represión”. Patricio Gaynor (LIBERPUEBLO) indicó que “con este Gobierno se ha naturalizado,
sistematizado, universalizado y profundizado la criminalización de la
protesta”
Se coincidió en la
importancia de que exista una gran unidad en todos los sectores del campo
popular, que haga frente al ajuste y la criminalización, presionando desde la
movilización y ocupando la escena pública en la calle, así como en continuar
trabajando para sumar voluntades que hagan posible que el proyecto de ley “Contra
la Criminalización de la Protesta Social” sea aprobado por el Congreso de la
Nación.
Durante la Audiencia se leyeron
las adhesiones de Julio Piumato (Sec. DDHH CGT), de la Comisión Directivo de la Asociación Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro, de la CCC de Jujuy, y de la abogada Mariana Vargas (actualmente
criminalizada).
Participaron y adhirieron al encuentro los diputados nacionales Virginia Linares, Jorge Cardelli, Fernando
“Pino” Solanas, Margarita Stolbizer, Ricardo Cuccovillo, Alcira Argumedo,
Victoria Donda, Horacio Piemonte, Gerardo Milman, Horacio Alcuaz (mc), Fernanda
Reyes (mc), Ricardo “Lolo” Gomez (mc), Fernanda Gil Lozano (mc), Patricia Walsh
(mc) y la ex legisladora Vilma Ripoll.
Entre
los numerosos participantes convocados, se encontraban Félix Díaz (Referente de la Comunidad Qom La Primavera, Formosa),
Carlos Chile (CTA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
Roberto Gargarella, Maristella Svampa, Herman Schiller, Juan Carlos Alderete
(CCC), Mario Mazzitelli (Sec. Gral. P.S.A.), Ramón Bogado - Javier Hermosilla
(Kraft), Diosnel Perez - Luciano Nardulli (Indoamericano), Daniel Menéndez
(Barrio de Pie), Gustavo Lerer (Junta Interna
ATE - Hospital Garrahan), Néstor Marcolini (Línea 60), Marcos Mendoza
(Tucumán juventud PCR), Emilio Cornaglia (Presidente FUA), Enrique Fukman (Asociación Ex Detenidos
Desaparecidos), Patricio Gaynor, Nicolás Tauber, (LIBERPUEBLO), Diego
Morales (CELS), Myriam Bregman (CEPRODH), Liliana A. Alanis (APEL), Héctor
Trajtemberg (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Pedro
Biscay (Ceppas), Oscar Kuperman (MTR CUBA), Elena
Hanono (PCR), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Gina Erramuspe
(C.A.D.U.H.), Mercedes González (Observatorio Jurídico CTA), Lucila Edelman (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), Cristina
Cabib (presidenta de la Comisión Permanente
de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes).